Un inesperado testimonio agitó la causa por la desaparición de María Cash, la joven diseñadora porteña cuyo rastro se perdió el 8 de julio de 2011 durante un errático viaje al norte argentino. Dos semanas atrás, una mujer nacida en Tucumán y residente en Salta dijo haberla visto secuestrada en su propia casa, y acusó de ello a su ex marido, agente penitenciario federal.
La denuncia fue realizada en una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y sería ratificada días más tarde al regresar a Salta. Pero, según difundieron fuentes cercanas a la mujer, al salir de su casa en la noche del 11 de abril fue atacada por dos hombres que la golpearon y le dejaron una inscripción en su abdomen: «El macho siempre gana».
Sin embargo, la familia Cash mantiene «cautela» sobre la nueva pista, ya que la declaración de la testigo se enmarca en una confusa trama de denuncias cruzadas con su ex pareja por la tenencia de sus tres hijos.
El conflicto familiar comenzó en 2015, cuando la mujer escapó junto a sus hijos de la casa que compartía con Altieri en Campo Quijano, una localidad ubicada a 30 kilómetros de la capital provincial.
Julia Leal (43), bailarina y profesora de teatro, hizo 15 presentaciones ante la policía de Campo Quijano contra su ex por violencia de género. Todas fueron archivadas menos una, la única que tomó estado judicial. Según relató en los medios locales y ratificó luego formalmente, el hombre con el que convivió y tuvo tres hijos, Martín Miguel Altieri, la violó, la golpeó y junto a otra mujer a la que presentó como «niñera», sometió a los nenes a «juegos sexuales». También dijo que la mantuvo encerrada durante diez días, sin agua ni comida.
Los menores, de 6, 8 y 10 años respectivamente, quedaron en medio de una encarnizada disputa entre sus padres por la custodia. Pero lo más grave y urgente es que podrían ser víctimas de abuso y violencia intrafamiliar, ya que ambos se acusan por ese delito en forma recíproca.
El domicilio que compartió la pareja en Campo Quijano, asegura Leal, fue utilizado por su ex marido y otros agentes penitenciarios para fines de trata.
En una de sus últimas declaraciones en los medios, Julia dijo haber visto antes de 2013, en el interior de la vivienda, a tres mujeres que serían esclavas sexuales, una de las cuales identificó como María Cash. A partir de esos dichos, que alcanzaron repercusión nacional, la Justicia la colocó bajo el régimen de protección de testigos, la citó a declarar e inició una serie de procedimientos para corroborar la denuncia.
El pasado lunes 16 de abril, Leal se presentó ante el juez federal salteño Miguel Medina, a cargo del caso Cash. Pero según indicaron fuentes de la causa, su testimonio respecto de que una de esas mujeres fuera María Cash no fue consistente.
Por otra parte, llamó la atención de los investigadores el hecho de que la denunciante mencionara a la joven porteña desaparecida recién este año, teniendo en cuenta que asegura haberla visto antes de 2013.
De todas maneras, el juez Medina ordenó medidas para certificar los dichos de Leal, según confirmó a Infobae el abogado de la familia Cash, Pedro García Castiella. No obstante, el letrado aclaró que por el momento la familia de la joven no da crédito a los relatos aportados por la testigo protegida.
«Tomamos con mucha reserva las declaraciones de Julia Leal, porque recién empieza a reflejar esto en el año 2018, cuando las denuncias contra su ex marido datan de 2015. También habló de un posible atentado contra Federico Cash, el padre de María, cuando la Justicia de La Pampa pudo comprobar que se trató de un accidente vial. Eso también le quita credibilidad a su testimonio», dijo Castiella. Y agregó tajante: «La familia está convencida de que no hay nada cierto en todo esto».
Por su parte, el policía Altieri negó cada una de las imputaciones y también presentó denuncias contra su ex pareja. La acusó de secuestrar a sus hijos, de abusar de ellos, de tenerlos en un estado de abandono y de falsificar un documento con su firma. Además, sostuvo que la mujer tiene problemas psicológicos y «fabula». Hasta ahora Altieri tuvo mejor suerte en la Justicia, porque le otorgaron la tenencia de los chicos.
«Esto es un acoso sistemático por parte de ella hacia mi persona. Lo vengo sufriendo desde que me separé y empezó la disputa por mis hijos. Yo tengo todo comprobado. Tuve muchos problemas en mi trabajo y ahora estoy con licencia psicológica por todo el daño que me ha hecho», se defendió Altieri en diálogo con Infobae.
El agente penitenciario sostuvo que los menores fueron abusados por su mamá y también por su tío, Jorge Leal, quien dijo a este cronista que Altieri «no tiene pruebas» de lo que denuncia. Altieri afirmó sin embargo que cuando se les realizaron pericias en Cámara Gesell a los chicos «dibujaron cosas espeluznantes».
Según su testimonio, los problemas de pareja comenzaron cuando decidió cortar la relación porque Julia «maltrataba a los chicos, no trabajaba ni hacía tareas de la casa».
«Ella desapareció durante cinco días, no dijo nada. Por eso tuve contratar a una niñera, para poder seguir trabajando y dejar a alguien al cuidado de mis hijos», aseguró el hombre.
«Su misión es destruirme. Ni siquiera se preocupa por mejorar y poder ver a los chicos», dijo Altieri, quien se quejó además porque a partir de las denuncias de su ex esposa lo «atacan» desde organizaciones políticas y feministas.
En diciembre de 2016, la jueza de Tucumán Claudia López ordenó que los niños sean entregados «inmediatamente» a Altieri, y así se lo notificó al Juzgado Civil N° 56, donde Leal había presentado una denuncia contra su ex marido por violencia familiar.
Casi un año después, en noviembre de 2017, el juez Orlando Velio Stoyanoff, a cargo del Juzgado de Familia de Tucumán, dispuso una medida cautelar en favor de Altieri, en la que reafirmó que los niños debían quedar al cuidado de este, al tiempo que emitió una prohibición de acercamiento a Julia Leal.
Las decisiones de la Justicia se basan en los informes psicológicos de la mujer, a los que Infobae tuvo acceso: «Durante las entrevistas la Srta. Leal puso de manifiesto un discurso verborrágico y autorreferencial, con dificultad para reconocer los aspectos de la realidad contrarios a la construcción fantasmática (representación mental imaginaria) que la posiciona en el mundo en lugar de víctima inocente», indica uno de esos estudios, que lleva la firma de la licenciada Cristina Bartolucci para el Juzgado de Familia y Sucesiones de Tucumán.
El mismo refiere que la mujer presenta «dificultad para ejercer un rol de cuidado y sostén de los niños», quienes «quedan ubicados como objeto de sus propios intereses» y en una «situación de vulnerabilidad y riesgo psicofísico».
Otro de los informes, firmado por la doctora María Virginia Albarracín para el juzgado de Familia y violencia doméstica de Salta, sostiene que Leal presenta un «trastorno límite de personalidad, es inestable, lábil, impulsiva y con tendencia a sufrir desadaptaciones ante situaciones adversas de su entorno».
Para el abogado de Julia Leal, Sergio Chiericotti, esos informes son «parcializados» y no se ajustan a la realidad. Sobre todo el de Tucumán, que no debería tener injerencia en un hecho familiar con domicilio en la provincia de Salta, por estar en otra jurisdicción, indicó.
De todas maneras, Chiericotti graficó la catarata de denuncias cruzadas que fueron presentadas en la justicia, 137 en total: «No hay fiscalía en la ciudad de Salta y Tucumán donde no haya actuaciones del psicópata este (por Altieri) y de la señora Leal».
Fueron varias las organizaciones feministas que se hicieron eco de las denuncias de Julia Leal. Algunas de ellas, incluso, señalaron que se encontraba desaparecida y reclamaron su búsqueda.
Sin embargo, tanto la familia Leal como su abogado Chiericotti, aseguraron a Infobae que la mujer se encuentra «contenida» y en buen estado de salud. Y que su paradero no puede ser revelado por su condición de testigo protegida.
Para Carolina Abregú, de la Defensoría de Mujeres, el movimiento feminista la está buscando a Julia Leal porque se encuentra «en peligro» ya que la poca información que se conoce sobre sus condiciones después del ataque que denunció es poco clara. «El abogado de ella debió haber sacado un comunicado público sobre su situación, pero nos ha maltratado cada vez que tuvo oportunidad», señaló.
Según Abregú, Julia es víctima de su ex marido y también de un sistema judicial patriarcal que le dio la espalda siempre, a pesar de sus incontables pedidos de ayuda. «Estuvo luchando muchos años para que su caso se conozca. Y cada vez que estuvo en las garras del Estado fue violentada y revictimizada», dijo la activista a este medio.
También aseguró que la Justicia obró en favor de Altieri por su condición de policía, y afirmó además que el hombre tendría importantes contactos familiares dentro de ella. «Sabemos que Altieri no es un hijo de vecino, tiene vinculación con gente del poder, que tiene que ver con las mafias, la trata y el narcotráfico», aseguró Abregú.