La Corte Suprema sostuvo ayer que el Tribunal Oral Federal Nº 9, que iba a juzgar las causas más trascendentes de corrupción contra funcionarios kirchneristas, no puede hacerlo. Por unanimidad, la Corte afirmó que nunca fue «habilitado» y que entonces no podía recibir causas. Además, con los votos de tres de sus miembros, se negó a darle esa habilitación.
La Corte ordenó entonces que se volvieran a sortear todos los casos que había recibido el TOF 9, un cúmulo de causas de alto voltaje político que incluía la megacausa por lavado de dinero contra Lázaro Báez -«la ruta del dinero K»-, la investigación por la distribución de la obra pública kirchnerista y el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA. Por las dos últimas debe ser juzgada Cristina Kirchner .
Además de disponer el nuevo sorteo, los cinco ministros de la Corte exhortaron «enfáticamente» a la Cámara de Casación, que fue la que le había asignado las causas, a que en lo sucesivo se abstuviera «de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia, como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema».
Esta decisión de la Corte demora el inicio de los juicios, que deberán volver a sortearse, pero es además un golpe a los planes de reforma judicial del Gobierno, que apuesta a contar con más jueces federales.
El Tribunal Oral Federal Nº 9 era antes un tribunal oral criminal (no federal). Una ley impulsada por el macrismo habilitó la federalización de cinco tribunales. Este fue uno de ellos. El trámite se concretó con una resolución del Consejo de la Magistratura, previo consentimiento de los jueces trasladados.
Ayer, por mayoría, la Corte afirmó que esa «transformación» implicaba en realidad la «creación de un nuevo tribunal» integrado por los jueces trasladados y sostuvo que eso era inconstitucional, porque no se había respetado el proceso de designación de la Constitución, que exige una terna vinculante del Consejo, el nombramiento del Presidente y el acuerdo del Senado.
Quienes se negaron a habilitar el tribunal fueron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. «Los peronistas», se quejaban ayer en el Gobierno, enojados con los firmantes. En «disidencia parcial» votaron Elena Highton y Carlos Rosenkrantz. Coincidieron en que debían volver a hacerse los sorteos porque no estaba habilitado en aquel momento, pero votaron por habilitarlo y trasladar todo su personal al nuevo tribunal federal.
La respuesta oficial al fallo la dio a LA NACION el ministro de Justicia, Germán Garavano. «Respetamos el pronunciamiento de la Corte, pero entendemos que el criterio correcto es el de los doctores Highton y Rosenkrantz», dijo. Ellos afirmaron que no es necesaria una nueva designación para transferir a un magistrado «de la misma jerarquía», que de otro modo «el Congreso jamás podría alterar la competencia de los tribunales» y que, además, en este caso, el tribunal tenía la misma especialidad, el derecho penal. Anoche, varios jueces coincidían en que el criterio de la mayoría podría, además, afectar otros casos de magistrados designados por trasladado.
