Con futuro incierto, la emergencia alimentaria que las organizaciones sociales volvieron a introducir en la agenda esta semana se coló en las últimas horas en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, atravesadas por la delicada situación económica.
La iniciativa, que recobró fuerza por las marchas y el posterior acampe del Polo Obrero y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) del miércoles por la noche en las puertas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, se suma a las fluidas negociaciones entre los delegados de la Casa Rosada y del PJ y el Frente de Todos en torno al proyecto de reestructuración de la deuda de mediano y largo plazo, también con destino imprevisible.
Hasta mediados de esta semana, el Gobierno veía con pésimos ojos la idea de darle curso a la emergencia alimentaria con el argumento de que ya se había contemplado en la sanción de la emergencia social de diciembre del 2016, cuya ejecución es compartida entre el Estado nacional y las provincias.
«Las partidas presupuestarias siempre estuvieron a disposición para reforzar la asistencia alimentaria. Y van a seguir estando como hasta ahora», resaltaban ayer por la mañana en el entorno de la ministra Carolina Stanley mientras se dispersaba el acampe frente a sus oficinas.
Con el correr de las horas, la posición del oficialismo entró sin embargo en un estado de deliberación permanente. Sin definición oficial. Pero en el Congreso se activaron las negociaciones, a pesar de que Stanley había enviado anoche al bloque de Diputados «todo lo hecho en el tema» para que los legisladores tengan material para responder, según la versión de asesores parlamentarios.
Desde la oposición peronista, que el miércoles recibió a las organizaciones sociales en el Parlamento, con activa participación de la CTEP de Juan Grabois pero bajo el paraguas de otras instituciones como la CGT, la CTA o la Iglesia, empujaron al Gobierno a una discusión que podría desembocar en un debate en el recinto la semana próxima, en sesión especial.
Las negociaciones se dan en un particular contexto. El PJ y el kirchnerismo están enfrascados en una todavía débil lucha de poder interno a poco más de tres meses del recambio parlamentario tras el triunfo primario de Alberto Fernández, que lo dejó cerca de suceder a Mauricio Macri en diciembre y en las puertas de una reconfiguración del mapa político.
El Gobierno, por su parte, está entrampado entre pases de factura y reproches al liderazgo del Presidente y su jefe de ministros. Las señales que salen de la Casa Rosada no tienen la contundencia de otros tiempos.
Según trascendió, circuló un proyecto consensuado entre el diputado Daniel Arroyo y un sector de las organizaciones sociales que contemplaría un impacto fiscal de $8.000 millones por la emergencia alimentaria. Arroyo, según los rumores, quiere volver al Ministerio de Desarrollo Social si es que Fernández finalmente se consagra presidente.
Fuentes parlamentarias dan cuenta de que la discusión abrió una grieta en la oposición. A Agustín Rossi, presidente del bloque K en la Cámara baja, no le habría caído del todo bien. En especial, por el eventual costo fiscal que implicaría para el próximo gobierno.
De gira por Europa, la posición del candidato presidencial del Frente de Todos no se hizo pública.
En la Coalición Cívica y la UCR, en tanto, el tema aún no fue debatido oficialmente. Ayer había circulado que el radicalismo podía acompañar la iniciativa. En el entorno de Emilio Monzó, presidente de Diputados y uno de los principales interlocutores con la oposición, subrayaban que el proyecto podría tener luz verde la semana próxima.
La reestructuración de la deuda de largo plazo todavía se discute entre los bloques. Aún es un misterio si se debatirá un proyecto de ley o si al final Macri le dará forma a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). «La semana que vienen siguen las reuniones», remarcaban en Casa Rosada.
Todas las opciones están sobre la mesa.
