Se pronunciaron luego de la resolución del juez Lleral, que confirmó las escuchas ordenadas por el magistrado Otranto y ordenó destruirlas por considerarlas «inconstitucionales».
La familia de Santiago Maldonado dijo sentirse «objeto una persecución ilegal y perversa», tras ser notificados de que el juez federal Gustavo Lleral confirmó que los teléfonos del hermano mayor del joven fallecido, Sergio, y de otras personas cercanas habían sido «pinchados».
La familia del joven tatuador que fue hallado muerto en el Río Chubut el 17 de octubre pasado, a 78 días de su desaparición tras un operativo represivo de la Gendarmería en terrenos ocupados por una comunidad mapuche, se definió como «doblemente víctimas».
«Somos doblemente víctimas: por la falta de respuesta ante la desaparición y muerte de Santiago, y por comprobar que, en lugar de establecer quiénes son los culpables del hecho, fuimos investigados sin estar imputados en la causa», expresaron mediante un comunicado.
Tras calificar la investigación inicial de la desaparición del joven como «parcial, lenta e ineficaz», los familiares agregaron: somos objeto de desviaciones maliciosas, de una persecución ilegal y perversa, que construye un escenario de impunidad para los autores del hecho».
«Somos ciudadanos comunes y corrientes exigiendo verdad y justicia. El Estado no debería invertir tiempo y recursos en investigarnos sino dar una respuesta eficiente a nuestro pedido, que ya es de tantos miles en nuestro país y el mundo», concluyeron.
El último viernes el juez Lleral confirmó que los teléfonos la pinchadura de los teléfonos del entorno del joven, incluido su hermano, Sergio Maldonado, y ordenó la destrucción de todos los audios y registros obtenidos.
Las escuchas habían sido ordenadas por el primer juez que tuvo la causa, Guido Otranto, y alcanzaban también a Ariel Mariotto Garzi (amigo del tatuador), a Claudina Inés Pilquimán (dirigente mapuche) y a Marcela Anarda Stocovaz (persona vinculada a la comunidad mapuche).
Según determinó el magistrado, los teléfonos de esas personas estuvieron intervenidos hasta el día 30 de septiembre de 2017, momento en que Lleral tomó las riendas de la causa y las hizo cesar.
Fuente: Telam
