El tiempo se cumplió, la incertidumbre aumenta.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se negó este viernes a entregarse a la policía dentro del plazo dado por el juez Sergio Moro, que vencía el viernes en la tarde.
Según la orden, el exmandatario debía presentarse ante la policía de Curitiba (sur) antes de las 20:00 GMT para comenzar su condena de 12 años de cárcel por corrupción.
Lula decidió no entregase, un desacato que hace que crezcan las interrogantes sobre qué vendrá ahora.
Mientras sus abogados interponían nuevos recursos para mantenerlo fuera de las rejas, Lula se atrincheró en el edificio del Sindicato Metalúrgico de São Paulo, donde cientos de simpatizantes comenzaron a llegar en su apoyo.
Todo esto después de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil rechazara el pasado miércoles el recurso de ‘habeas corpus’ con que el expresidente buscaba evitar ir a prisión en tanto apelaba su condena.
Entre tanto, las opiniones en torno al caso mantienen una tensión creciente en el panorama político de Brasil y las manifestaciones a favor o en contra de la sentencia se multiplican en varias ciudades.
Para los conservadores, Lula es la cara más visible de la plaga de corrupción que afecta a la elite política del país.
Pero para la izquierda, es un héroe cuya presidencia entre 2003 y 2010 sirvió para reducir los niveles de pobreza y ahora es víctima de un sistema judicial que pasa por alto otros escándalos de corrupción, como los atribuidos al presidente Michel Temer.
«Es una decisión arbitraria, ilegal, va en contra de la Constitución, va en contra de sus derechos humanos básicos, contra de su dignidad, y vamos a luchar para que no vaya a la cárcel hasta que tengamos recursos legales disponibles», explicó a la BBC Valeska Teixeira Zanin Martins, una de sus abogadas.
Los cargos en contra de Lula vienen de una investigación anticorrupción conocida Operación Lava Jato, que implica también a otros altos cargos políticos de varios partidos.
Pero ¿cómo llegó el expresidente a esta inusual situación?
A la expectativa
Estas últimas 24 horas han cautivado a Brasil. Los helicópteros han estado sobrevolando el edificio del sindicato de los trabajadores metalúrgicos, donde Lula está con sus seguidores, transmiten cada movimiento para los espectadores de todo el país.
A medida que avanzaba el día, la multitud se hizo más grande.
La gente esperaba la aparición del hombre que, según dicen, fue el mejor presidente que Brasil ha tenido. Pero hasta ahora poco han visto de él: solo algunas apariciones desde la ventana y poco más.
Mientras tanto, en las redes sociales, sus oponentes celebran el destino del expresidente: un político corrupto que creen debe estar tras las rejas.
Ya se cumplió el plazo y ahora, ¿qué sigue? ¿Negociará con la policía o se mantendrá firme?
El viernes había muchos rumores, pero nadie sabía con certeza qué iba a pasar. Estas eran aguas inexploradas para Brasil.
El camino a la condena
Lula llegó al poder de Brasil el 1 de enero de 2003 y abandonó el palacio de Planalto a inicios de 2011, cuando entregó la presidencia a Dilma Rousseff.
Extrabajador metalúrgico y activista sindical, fue el primer líder de izquierda en llegar al gobierno en casi medio siglo.
Mientras estuvo en el cargo, Brasil experimentó su período más prolongado de crecimiento económico en tres décadas, lo que le permitió a crear varios programas sociales.
Decenas de millones de personas salieron de la pobreza gracias a las iniciativas tomadas por su gobierno y dejó el cargo con un índice de popularidad récord.
De hecho, varias encuestas estiman que sería el favorito para las próximas elecciones de octubre.
Pero en 2014, los fiscales comenzaron a investigar ciertas acusaciones de que los ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras habían aceptado sobornos a cambio de adjudicar contratos a empresas de construcción.
La investigación descubrió una gran red de corrupción que involucraba a políticos de alto nivel de un amplio espectro de partidos que recibían sobornos.
Fue así cómo el propio Lula fue condenado por recibir un apartamento frente a la playa, renovado por valor de unos US$1,1 millones, como un soborno de la firma de ingeniería OAS.
La defensa del exmandatario, por su parte, asegura que la propiedad del departamento nunca se probó y que la sentencia se basa en gran medida en la palabra de otro alto cargo condenado por corrupción.
¿Qué pasa ahora?
A pesar de que los jueces le ordenaron entregarse, esto no implica que el exmandatario irá a la cárcel por 12 años, pues la defensa de Lula no agotó aún sus últimos recursos.
Hay dos tribunales a los que todavía pueden recurrir: el Superior y el Supremo.
En cualquier caso, ninguno de ellos volvería a examinar si Lula es culpable de corrupción,sino si se siguieron correctamente los procedimientos legales o si se violaron sus derechos constitucionales.
Pero este proceso puede llevar meses o incluso años y si cualquiera de los dos tribunales fallara a favor de Lula, su condena podría ser anulada y sería liberado.
¿Qué hay de las elecciones?
Bajo la «ficha limpia» aprobada en 2010, nadie condenado por un delito confirmado en apelación puede postularse para un cargo electo durante al menos ocho años.
Esa ley descartaría que Lula se postule para la presidencia en octubre, como tenía previsto.
Sin embargo, se han hecho excepciones a la ley anteriormente.
La decisión sobre si Lula puede postularse a presidente dependerá del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Pero ese ente no tomará una decisión sobre si Lula puede presentarse o no la carrera electoral hasta que se registre como candidato, para lo que tiene como plazo el 15 de agosto.
MDZ
