La justicia federal de Brasilia recibió y aceptó la denuncia contra los ex presidentes Dilma Rousseff y Luiz Inacio “Lula” da Silva, y de los ex ministros de Hacienda Antonio Palocci y Guido Mantega, acusados de integrar una organización “delictiva” durante sus respectivos gobiernos.
Palocci negocia una delación para obtener la libertad.
“Lula” y Dilma Rousseff, del opositor Partido de los Trabajadores, fueron procesados en base a una denuncia de la Procuración General. El juez Vallisney de Souza Oliveira tomó el caso en sus manos y determinó la apertura de un proceso contra los ex gobernantes y los dos ex ministros,. La denuncia se refiere a la época en que ese organismo estaba comandado por el ex fiscal Rodrigo Janot.
El año pasado, el entonces fiscal general Janot consideró que la organización criminal actuó desde 2002 a 2016 -período de gobierno de PT- con designaciones en las empresas estatales. De Souza Oliveira aceptó la denuncia sobre que el PT actuó como una organización ilícita que financió la política mediante desvíos de empresas públicas.
Lula se encuentra detenido y condenado en dos instancias por corrupción, al atribuirsele la propiedad oculta de un departamento en la playa de Guarujá.
Desde el 7 de abril está sentenciado a 12 años y un mes de prisión, que cumple en una cárcel de Curitiba. Este es el primer procesamiento de Rousseff, que aparece como responsable de esta asociación ilícita.
La acusación indica que hubo ventajas millonarias con delitos que relacionan al Ministerio de Minas y Energía, Petrobras y contratos con constructoras como Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS y UTC además de sospechas en un préstamo del banco BNDES al frigorífico JBS.
El juez De Souza Oliveira pidió a los procesados que respondan por escrito, en un plazo no mayor de 15 días para rebatir las acusaciones.
Janot afirmó en su denuncia de septiembre de 2017, realizada en vísperas de dejar el cargo, que el PT recibió 1.480 millones de reales (380 millones de dólares) de sobornos, procedentes de dinero desviado de los cofres públicos.
En marzo, el juez de la Corte Suprema Edson Fachin decidió dividir el proceso y enviar a la Justicia Federal de Brasilia aquellos detenidos que no tenían inmunidad, como es el caso de los dos ex mandatarios petistas. Solo quedó a cargo del Supremo Tribunal Federal el caso de la senadora Gleisi Hofmann, actual titular del PT.
Télam
