Buenos Aires.
Tras el grave episodio del bloqueo que impidió el domingo la distribución de los diarios Clarín y Olé y obstruyó la de La Nación , el Gobierno nacional minimizó el hecho y deslindó toda responsabilidad propia y del jefe de la CGT, Hugo Moyano.
El argumento oficial desconoció que se haya tratado de un ataque a la libertad de prensa, lo redujo a un conflicto estrictamente laboral y negó que haya incumplido órdenes de la Justicia para prevenir o desactivar la medida.
Como una manera de despegarse del bloqueo, la presidenta Cristina Fernández no dijo una sola palabra al respecto. Pero, ante las repercusiones internas e internacionales que tuvo, ordenó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que asumiera la responsabilidad, limitándola al área de su competencia, es decir, al supuesto conflicto laboral en la planta de impresión de los diarios Clarín y Olé.
Los mayores embates, sin embargo, apuntaron a la ministra de Seguridad. El juez en lo Civil Gastón Matías Polo Olivera le exigió por escrito que en tres días dé explicaciones sobre la inacción de la Policía Federal ante el bloqueo que impidió la distribución de Clarín y Olé y retrasó la llegada a los quioscos de La Nación , así como la identificación de los responsables de la protesta y requirió conocer si hay medidas para evitar nuevas situaciones similares.
La fiscal porteña Marcela Solano pidió a su vez a los canales de televisión las imágenes grabadas el domingo, para identificar a las personas que protagonizaron el bloqueo.
En todo el día, ni la Presidenta ni sus ministros hicieron siquiera una alusión al cercenamiento de la libertad de los lectores de los medios gráficos bloqueados de leer las ediciones dominicales. El caso abrió un encendido debate tanto en el país como en el ámbito internacional acerca de los derechos de los lectores y de los periodistas a publicar sus ideas.
Dentro de la limitada interpretación del oficialismo, la única voz disonante fue la del gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Expresó su rechazo a lo que definió como “muestra de intolerancia”, porque “la democracia se nutre de la diversidad y la pluralidad, más allá de la justicia o no del reclamo gremial”.
El hecho tuvo un fuerte impacto en el Congreso. La oposición citó a comisiones de Diputados para mañana a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y del Senado para el jueves al secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina, para requerirles explicaciones.
Cruces. Concebido como un ataque a la libertad de prensa, el episodio cosechó nuevos repudios de asociaciones sectoriales nacionales, entre ellas la Unión Industrial (UIA) y la Conferencia Episcopal, como también de dirigentes opositores, mientras que a nivel internacional hubo una dura condena de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de medios gráficos de distintos países y de periodistas en forma personal.
Antes de reunirse con la jefa del Estado en Olivos, el ministro de Trabajo buscó despegarla del hecho. “Hubo una orden de la Presidenta, que me instruyó para que avanzara lo más rápidamente posible para resolver el conflicto”, afirmó Tomada. Después, redujo el bloqueo a un conflicto laboral “de larga data”, de trabajadores con la impresora Artes Gráficas Rioplatenses, y deslindó responsabilidad de Moyano.
Según Tomada, el bloqueo de 12 horas se levantó al mediodía del domingo, después que convocó a una reunión conciliatoria para ayer a la tarde. Pero este encuentro fracasó debido a la ausencia del propio ministro y de representantes de AGR.
Anoche, Garré salió al cruce con un comunicado en el que hizo un relato pormenorizado de los hechos, aseguró que “cumplió las directivas” recibidas de la Justicia y remarcó que se trató de “un conflicto gremial”, para rechazar que haya sido un ataque a la libertad de prensa: “Resulta infundado y extemporáneo calificar el reclamo laboral como ataque a la libertad de prensa”.
El gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers, calificó al bloqueo como un hecho “antidemocrático”, al tiempo que aseguró que “no existen” conflictos colectivos gremiales y, al referirse al llamado a audiencia de conciliación por parte del Ministerio de Trabajo, consideró que se trata de instalar la versión de un problema sindical para “correr el eje”.
Lo que dice la Ley. Éstas son algunas de las normas aplicables a los bloqueos.
Capítulo VI del Código Penal, sobre delitos contra la libertad de prensa.
Artículo 161. “Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico”.
Artículo 194. “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Declaración de principios sobre libertad de expresión de la OEA.
Artículo 5. “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”
Artículo 13, inciso 3. “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Fuente: La Voz del Interior
