Los aceptables resultados sanitarios obtenidos hasta ahora contrastan fuertemente con el agravamiento de la situación social, y también con la insuficiente ayuda estatal para afrontar la debacle que padecen casi todas las actividades de la Argentina. Cuando termine la nueva fase de la cuarentena, el país habrá acumulado ni más ni menos que cien días de aislamiento obligatorio en las zonas más dinámicas de la economía nacional, justo cuando la recaudación tributaria continúa desplomándose en pedazos y no da señales concretas de reactivación en el corto plazo.
El problema central ya no pasa por la fecha de apertura de los comercios e industrias, sino por el bajísimo nivel de facturación que tienen quienes ya están trabajando. Estimaciones privadas hablan de que las empresas necesitarán al menos tres meses para desendeudarse de todas las pérdidas que ocasionó y sigue ocasionando la cuarentena.
Detrás del discurso de unidad y consenso que pregona el presidente Alberto Fernández en cada anuncio están apareciendo señales que van inexplicablemente en el sentido contrario.
Los decretos se multiplican, el trabajo del Congreso es literalmente nulo -ni siquiera se juntó el número necesario para sesionar esta semana- y las paritarias están totalmente frenadas pese al avance de la inflación. Las compras directas por millones de pesos comienzan a ser moneda corriente bajo el discurso de la urgencia y los controles de los organismos descentralizados son prácticamente inexistentes.
Hasta ahora, todas las irregularidades cometidas en la adquisición de insumos, tanto del Poder Ejecutivo nacional como de muchos gobernadores, fueron detectados únicamente por la prensa. Ese dato, claro está, vuelve a resaltar el rol fundamental que ocupan los periodistas en la sociedad, a quienes muchas veces se criticó sin piedad sólo por ser los mensajeros de la información.
¿Por qué motivo el Gobierno busca ahora suspender hasta fin de año la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y seguir otorgando los aumentos por decreto? Díficil de entender, aunque la primera lectura tendría que ver con las angustiantes cuentas públicas del Tesoro. “En este momento no estamos en condiciones de generar una fórmula consensuada con la oposición, ya que desconocemos cómo será el avance de la pandemia económica del país. Crear una nueva fórmula y que no sea del agrado de los jubilados podría ser una gran complicación”, explicó ayer a El Tribuno un alto funcionario con despacho en la Casa Rosada.
Lo cierto es que el sector pasivo de la sociedad continuará resignando recursos en relación a la fórmula derogada aplicada por el Gobierno anterior, pero también hay otro elemento que no se puede pasar por alto: una vez más, los jubilados deberán rezar para que la discrecionalidad del Estado les pague sus haberes sin un criterio definido con claridad. Otra señal del paternalismo en tiempos de cuarentena.
Es ilógico pensar que el aislamiento social, que muchos políticos incumplen de manera cotidiana, impida avanzar con leyes básicas para el normal funcionamiento institucional de la Argentina. Eso es lo que está pasando con la situación de los ancianos, quienes esperan ansiosos un gesto de grandeza de los dirigentes que les dé previsibilidad en esta etapa de su vida. No hay dudas de que el coronavirus enalteció la estima de las personas en relación a una mayor presencia del Estado, aunque en la Argentina conseguir organismos eficientes es muchas veces una odisea. ¿Hay alguna explicación lógica para que los médicos aún no hayan cobrado el bono de cinco mil pesos que el Presidente anunció hace dos meses? La burocracia del Estado y la desidia de muchos funcionarios es decepcionante. La suma fija, que debía ser pagada en abril y mayo, recién empezará a percibirse los próximos días. ¿No son los médicos los verdaderos héroes en esta tragedia? Lo son, pero en países tercermundistas se los reconoce poco y nada. Otro caso llamativo fue el anuncio del Presidente de que el Gobierno no pagará la mitad del medio aguinaldo a los trabajadores privados. Es evidente que la caja del Estado está fundida y que ya se emitieron casi un billón de pesos entre marzo y mayo, lo que es obviamente insostenible desde el punto de vista fiscal.
Sin embargo, es obvio que las empresas que están recibiendo los ATP para hacerles frente a los salarios no van a poder abonar normalmente los aguinaldos. Unas pocas horas antes, el sindicalista Omar Plaini había dicho que “seguramente” el Gobierno asistiría a los trabajadores para que no se queden sin su sueldo anual complementario.
Ese deseo, que parecía más a una súplica, quedó en saco roto. “Nosotros ya no estábamos en condiciones de poder pagar los aguinaldos aún con auxilio estatal, pero ahora que no tendremos ni siquiera eso no sabemos qué es lo que vamos a hacer”, relató a El Tribuno un empresario que le da trabajo a más de trescientas personas en todo el país. Mientras tanto, se renovó el acuerdo parta que los trabajadores suspendidos cobren sólo el setenta y cinco por ciento de sus salarios. La medida es totalmente lógica en un contexto de economía desgarrada, pero también es cierto que muchos hombres de negocios están aprovechando ese convenio para reducir la masa salarial de las empresas, incluso las que se encuentran en actividad.
¿Fin del aislamiento?
En una clara respuesta a las críticas que venía teniendo por “estar enamorado de la cuarentena”, Alberto Fernández anunció que el ochenta y cinco por ciento del país terminaría con el aislamiento obligatorio y pasaría a la fase del “distanciamiento”. Teniendo en cuenta que el Presidente delegó hace rato la flexibilización de la cuarentena en los gobernadores, la medida tuvo un efecto muy relativo en el interior del país y hubo varios mandatarios que no la aplicaron en sus provincias. La estrategia de Alberto, en este punto, resulta evidente: separarse de los cuestionamientos a su persona y paterale la pelota a los gobernadores para que queden ellos como los eventuales responsables de no darle más libertades a la gente.
Hugo Krasnobroda/ El Tribuno
