Pese a que el Gobierno había manifestado que no iba a acatar el fallo de la Corte Suprema, el presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que cumplirá con la medida cautelar y pagará los fondos de la coparticipación de la Ciudad con títulos públicos.
En ese contexto, la oposición se mostró dividida respecto a la resolución tomada por el Presidente. El primero en salir a rechazar la decisión fue Horacio Rodríguez Larreta, que remarcó el “incumplimiento del fallo” por parte del oficialismo.
Sin embargo, hubo dirigentes que consideraron una victoria que el Gobierno tenga que “retroceder” con su postura inicial y aseguraron que levantarán la denuncia por “sedición”. Otros, en cambio, confirmaron que continuarán adelante con la denuncia.
Horas después de que Alberto Fernández comunicara a través de las redes el pago de los fondos, el gobierno porteño se manifestó en contra y rechazó la decisión: “Sigue sin respetar las instituciones”.
El ministro de Gobierno, Jorge Macri, se pronunció en la misma línea: “Las sentencias no se discuten, se cumplen y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero como siempre el Presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad”.
En tanto, la diputada María Eugenia Vidal tuiteó: “Pague como ordenó la Corte Suprema, no con bonos. Deje de hacer trampa”. “Para CABA, bonos. A Kicillof ‘cash’. Para CABA modificar innecesariamente la Ley. Para Kicillof, manejo discrecional del Presupuesto. Alberto Fernández responde con el lápiz de Cristina Kirchner, jamás pudo dejar de responder sus órdenes”, criticó el senador de la UCR, Alfredo Cornejo.
Quien celebró la decisión fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina”, expresó y además aclaró que suspenderán la denuncia por sedición “mientras se mantengan dentro del Estado constitucional”.
Sin embargo, fuentes de la Coalición Cívica le confirmaron a TN que no van a retirar la denuncia: “El delito de alzamiento está configurado porque ellos pusieron excusas legales para no cumplir el fallo”.
“La denuncia por delito de orden público no se puede retirar y no corresponde porque esas acciones hay que investigarlas penalmente. Después de que la Corte comunicara el fallo, el Presidente se juntó con los gobernadores para encontrar con artilugios como esa ‘reposición in extremis’ para no cumplir la medida cautelar”, afirmaron.
El presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, cuestionó la entrega de los títulos públicos como pago de los fondos: “El bono TX31 con el que Alberto Fernández quiere pagarle a CABA es un pagadios que no cotiza en el mercado y no se negocia”.
“A los amigos como Kicillof, Plan Platita: dinero contante y sonante. A los opositores, papeles de deuda a 9 años. Casi casi un Plan Bonex”, apuntó.
La UCR confirmó a TN que el bloque está analizando “cómo evoluciona todo” antes de enviar el pedido formal de juicio político al Congreso.
“El bloque tenía firmado por los 33 diputados el pedido de juicio político, tomando como base que el Gobierno había dicho que no acataría el fallo de la Corte Suprema. Pero el anuncio del Presidente modificó los hechos, así que ahora el bloque está analizando cómo evoluciona todo. La intención es dejar por unos días en suspenso el pedido de juicio político, pero bajo ningún punto de vista se archivará”, explicaron fuentes del radicalismo.
Por otro lado, el diputado libertario José Luis Espert presentó este lunes un proyecto “que promueve el Juicio Político contra el Presidente de la Nación por mal desempeño y por la comisión de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones”.
“El accionar del Alberto Fernández en el ejercicio de la Presidencia de la Nación con su desacato al fallo de la Corte Suprema de Justicia ataca al sistema republicano instaurado por la Constitución. Lo que en definitiva está haciendo es usar el propio poder del Estado para atentar contra el sistema republicano, pues se vale de su posición de poder aliado con un grupo de gobernadores afines a su gobierno para desafiar el poder de la Corte Suprema de Justicia”, dice la iniciativa.
