«Si su pregunta es si yo creo que debe haber un control periodístico del Estado, la respuesta es no», contestó el candidato del Frente de Todos a una consulta realizada por un periodista en Córdoba. Pero, inmediatamente, expresó que «una cosa es hacer periodismo y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos. Son dos cosas distintas». Las declaraciones realizadas por el candidato presidencial Alberto Fernández provocaron nuevas alertas en entidades periodísticas del mundo que se comunicaron con las locales, para conocer los alcances de sus dichos.
Al respecto, el presidente de FOPEA, Néstor Sclauzero, dijo que «esto reavivó la preocupación en el exterior por la posibilidad de que organismos extrajudiciales dictaminen si hubo intenciones extraperiodísticas en una nota y la verdad es que hemos recibido más consultas al respecto en las últimas horas».
Desde la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH, hasta el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, su sigla en inglés), pasando por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) con sede en Ecuador, de Periodismo e Investigación de Ecuador, la plataforma periodística para las Américas Connectas y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), son algunas de las organizaciones que hicieron pronunciamientos al respecto.
También, por supuesto, ADEPA, que juzgó como «grave e insólita» la medida de pedir a la Comisión de la Memoria bonaerense que opine si hubo «operaciones de acción psicológica» en distintas notas por considerar que «busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística, debilitando su rol institucional en democracia».
Y la presidente de la Fundación LED y actual titular de la ENACOM, Silvana Giudice, para quien «es muy preocupante que la justicia apunte a periodistas, sobre todo cuando el candidato a presidente de la oposición acompaña una acusación contra uno de ellos, desconociendo que la protección de las fuentes informativas es un derecho constitucional».
A esas organizaciones se le sumaron referentes como Rosental Alves y Robert Cox y ex vicepresidente de FOPEA, Fernando Ruiz, miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo quien, sobre la declaración que hizo Fernández expresó que «las campañas no son buenos momentos para saber qué va a hacer un gobierno, pero creo que –por las dudas- es necesario marcar una línea roja en defensa del periodismo profesional».
En diálogo con Infobae, el constitucionalista Antonio María Hernández, autor de la cuarta garantía (después del amparo, el hábeas corpus y hábeas data), que figura en el artículo 43º de la Constitución Nacional que estipula que «no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística», recordó la frase del juez Hugo Black, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que ante el juicio que sufrió el New York Times por divulgar los llamados «papeles del pentágono» durante la guerra a Vietnam, dijo que «la prensa está para servir a los gobernados, no a los gobiernos, se la protege para que pueda desnudar los secretos del gobierno e informar al pueblo».
Quien fuera vicepresidente de la Comisión de Redacción de la Reforma Constitucional de 1994 aseguró, «si para defender los valores de la democracia se defiende a rajatabla la protección de las fuentes en tiempos de guerra, ¿cuál es el sentido de ponerla en tela de juicio en tiempos de paz?».
