Fabián Orellana, una de las víctimas de los actos violentos cometidos por parte de grupos armados a las órdenes del dueño de gaseosas Manaos, relató para Greenpeace las agresiones que sufrieron las familias de su comunidad, Yaki Cachi Bajo Hondo, en Santiago del Estero.
Según Greenpeace el avance de los desmontes ilegales viene asociado al incremento de los conflictos violentos por parte de los desarrolladores agropecuarios con el objetivo de desalojar a las comunidades.
Perfil del empresario: la verdadera cara del dueño de Manaos
Orlando Canido es el dueño y el presidente de la fábrica y embotelladora de gaseosas Manaos. Sin embargo, no es un empresario más: Canido es un criminal que viola la Ley Nacional de Bosques al perpetrar su destrucción y amenazar a las comunidades que los habitan.
Desmontó de manera ilegal 500 hectáreas de bosque nativo en Santiago del Estero como parte de un proyecto que implica la destrucción de 4 mil hectáreas en total, reclamadas por 60 familias de la comunidad indígena Yaki Cachi Bajo Hondo. Canido es acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC) de atacar a comunidades nativas para apropiarse de las tierras mediante incendios y tiros a vehículos, y de dispararle en la pierna a un campesino. El pasado 8 de octubre, el empresario declaró ante la Justicia del Crimen de Quinta Nominación por estos incidentes. Sin embargo, en su declaración se desligó de las acusaciones.
Desde hace tres años, la Comunidad Indígena de Bajo Hondo ha denunciado múltiples situaciones de hostigamiento provocada por el empresario. Estos hechos han sido repudiados por Greenpeace, que ha denunciado el desmonte ilegal en la zona.
Para frenar los desmontes ilegales en todo el país, la organización ambientalista presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que establece un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo.
