La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, al analizar la situación política nacional, se refirió a la renuncia de Martín Lousteau a la embajada argentina en los Estados Unidos y señaló que «a veces uno se encapricha y antepone un interés personal a las necesidades que tiene el país».
«Me hubiera gustado que la salida del ex embajador (Lousteau) no haya sido así de subrepticia y que hubiera puesto las necesidades del país antes que su propio interés personal», dijo Alonso, quien aseguró que «necesitamos personas que sean referentes de los temas representando a nuestro país en el mundo».
En otro orden, Alonso adelantó que su oficina está analizando el caso del ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, respecto del informe de la diputada Margarita Stolbizer sobre una supuesta existencia de conflictos de interés en funcionarios del gobierno, dados sus antecedentes inmediatos en la actividad privada, y explicó: «El ministro (Buryaile) se presentó espontáneamente en la Oficina Anticorrupción, y estamos analizando el caso como lo hicimos a lo largo del año con más de ochenta casos vinculados a situaciones que podrían ser o no conflictivas».
Stolbizer presentó un «Informe sobre empleo público» en el que denuncia la continuidad en el gobierno nacional de funcionarios de la gestión anterior y acusa a autoridades actuales por una supuesta incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, como Buryaile.
La regulación citada por la diputada del GEN, que el ministro afirma no incumplir, es la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece que «es incompatible con el ejercicio de la función pública (entre otras situaciones) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien realice actividades reguladas por el Estado, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa» con esa regulación.
Buryaile viene de una familia de productores agropecuarios de la provincia de Formosa y, durante su carrera, desempeñó distintos cargos en las entidades que nuclean a empresarios de la producción agropecuaria, además de ser presidente de la Sociedad Rural de Pilcomayo, de la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa, y vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas.
Alonso, en diálogo con Radio de la Ciudad, apuntó que «lo importante es decir que en la función pública siempre debe estar primero el interés público; el conflicto de intereses no es de por sí un delito; lo que se requiere es que el funcionario transparente cuáles son sus intereses para explicarle qué es lo que puede y no puede hacer en determinada función pública».
Y ejemplificó el tema al decir que «esto es lo que pasó el año pasado, cuando la Oficina Anticorrupción le dijo a un funcionario que debía desprenderse de las acciones de una compañía petrolera extranjera para la cual él había trabajado durante mucho tiempo», al recordar la situación de la que fue protagonista el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Finalmente, la ex diputada del PRO enfatizó que «la Argentina se está recuperando de un estado de hipercorrupción, y todavía se están trabajando investigaciones de los años anteriores», pero aclaró que también «hay en curso» denuncias relacionadas con la gestión actual, y precisó: «En el Ministerio de Defensa, en el de Ambiente y ahora en el INCAA».
Fuente: Telam
