La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso , afirmó este jueves que «es saludable» que en el Congreso se comience a debatir sobre la posibilidad de aprobar un eventual desafuero del ex ministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido .
«Hay dos bloques, el oficialismo y el Frente Renovador, que ya anticiparon que votarán el desafuero, y es muy saludable que se empiece a hablar en estos términos. El Congreso no es una guarida, es el espacio donde está representado el pueblo de la Nación», afirmó la funcionaria Alonso en diálogo con radio La Red.
La titular de la OA consideró que «hay evidencia suficiente» y que «las sospechas son muy fuertes» sobre De Vido, en el marco de una causa que investiga un presunto fraude por 26 millones de pesos en el yacimiento carbonífero santacruceño de Río Turbio. Días atrás, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la detención y el desafuero del ex ministro en el marco de ese expediente. Ahora el juez Luis Rodríguez debe decir si acepta o no la solicitud del fiscal.
«Sería importante que el juez avance con este pedido que hizo el fiscal. Hay mucho argumento y mucha fundamentación para que el fiscal haga este pedido al juez», sostuvo la titular de la OA.
Alonso celebró la media sanción que obtuvo ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria para los casos de corrupción, una iniciativa que en sus puntos más salientes establece que estos delitos «son imprescriptibles» y prevé además aumentos de penas para los funcionarios públicos.
«Esto nos permite avanzar y ponernos al mismo nivel que otros países del mundo. Es un paso importante que ojalá termine de coronar el Senado con su sanción en los próximos meses», dijo, aunque lamentó que se haya modificado el artículo 37 de la iniciativa. Ese punto era clave para el oficialismo en intento de que avance la investigación del caso Odebrecht. Este artículo le habilitaba al Gobierno la posibilidad de celebrar acuerdos, vía administrativa, con las empresas «arrepentidas» que hubiesen cometido delitos de corrupción en el pasado.
«La ley sólo rige para el futuro, no para el pasado. Y lo que buscábamos con ese artículo era que, si las empresas colaboraban con información administrativa, pudieran tener algún tipo de beneficio por colaborar, pero lamentablemente hubo varios bloques se opusieron», concluyó Alonso, según consignó la agencia Télam.
