La historia del combate a la corrupción en nuestro país está repleta de fracasos, operaciones anuladas, crímenes prescritos, indultos y poca efectividad desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Esto es así porque el sistema judicial criminal fue hecho para no funcionar, en especial a lo que se refiere a los delitos de guantes blancos».
Aunque parece que habla de la Argentina, quien escribió esto es brasileña, y no cualquiera. Se trata de Jesusa Viecili, una de los 12 procuradores del equipo del Ministerio Público Fiscal que lidera Deltan Dallagnol. Es decir, el grupo que en poco más de cuatro años mandó a realizar 2476 procedimientos judiciales en el marco de la causa Lava Jato, que concluyeron con 115 prisiones preventivas, 121 prisiones temporarias, 175 acuerdos de delación premiada, 204 condenas contra 134 personas, multas por 10 billones de dólares y devolución de u$s 2 billones.
En efecto, el Lava Jato es la investigación contra el delito de corrupción más importante de la historia del Brasil, y del mundo. Tiene como fecha de inicio la madrugada del 17 de marzo de 2014, cuando la Policía Federal Brasileña realizó 28 prisiones en pocas horas en el marco de la investigación de cuatro núcleos que operaban en el mercado paralelo de cambios.
Una casa de cambio que aquí denominaríamos «cueva» estaba en una estación de servicio llamada «Posto de Torre», ubicada en el centro de Brasilia, donde había 16 bombas de combustible, un mini mercado, una cafetería, y un lavadero de autos. Allí operaba uno de los cuatro «doleiros» que estaban siendo investigados, uno de los cuales llevó a la segunda fase del Lava Jato, la prisión de Paulo Roberto Costa, el primer directivo de Petrobras que, luego de acogerse a la delación premiada, permitió continuar con la investigación que -luego de cuatro años- llevó a la detención del Luis Inácio «Lula» Da Silva.
No fue algo de un día para el otro. El Lava Jato lleva ya 52 fases, cada una con un nombre específico, abocada a la investigación de un aspecto puntual de la megacorrupción, por el que se determinan responsables y se deciden prisiones preventivas que, a su vez, brindan nueva información para abrir una nueva fase.
En los más de cuatro años de investigación hubo marchas y contramarchas, no todos fueron éxitos. Hubo que proceder a liberar detenidos en más de una oportunidad, algunos fueron vueltos a apresar con nuevas pruebas, en otro caso se comprobó que uno de los acusados que había acordado la delación premiada no brindó la información que se había comprometido y le fue revocado el beneficio.
Las leyes que los fiscales anticorrupción enviaron al Congreso brasileño, más de una vez, fueron aprobadas con modificaciones que las hicieron inaplicables, o en muchos casos se aprobó legislación que buscaba frenar las investigaciones. También, por supuesto, sus fallos fueron más de una vez cuestionados.
Dallagnol habló de todo eso hace poco en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde estuvo invitado por el Ministerio de Justicia en el marco del programa Justicia 2020. «Mi vida fue una vida de fracasos en la lucha contra la corrupción, todos los casos previos al Lava Jato fracasaron», dijo entonces, remarcando que de 100 casos de corrupción denunciados, 97 quedaron totalmente impunes en Brasil.
Sin embargo, su mensaje fue optimista. Dijo que si la Argentina lograba construir «un ambiente favorable» para las delaciones premiadas, «esa punta del ovillo puede empezar a revelar toda la trama de la corrupción sistémica». Para eso, dijo, se hace imprescindible contar con cuatro pilares. A saber:
– Los acuerdos de delación premiada, es decir, ventajas concretas por colaborar con la Justicia dando información precisa que pueda ser probada (números de cuenta de bancos, personas involucradas, montos de transferencias, lugares de reunión, etc.).
– Ordenación de la investigación por etapas, para ir de lo más pequeño a lo más grande, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo que está más a la mano a lo que está oculto detrás de un sistema de transacciones que seguramente sea imposible de dilucidar en las primeras fases.
– Cooperación internacional, para que la Justicia de los distintos países facilite la información que refrende los detalles obtenidos en la investigación. En particular, el Ministerio Público Fiscal de Brasil realizó 550 pedidos de cooperación a más de 50 países, entre ellos, Suiza.
– Estrategia innovadora en comunicación, con conferencias de prensa y entrevistas con distintos medios y periodistas, transparencia en los procedimientos, creación de un portal con los avances de la investigación, preguntas frecuentes, infografías con la evolución de la causa.
El fiscal Dallagnol, el juez Sergio Moro y sus equipos son personalidades destacadas en su país, aplaudidos en espacios públicos aún cuando fueron duramente criticados por la militancia del PT, que nunca aceptó la prisión de Lula, detenido el 4 de abril último.
Consultado en Buenos Aires, el jefe de los fiscales de Curitiba dijo que «el 95% de las decisiones del Lava Jato fueron ratificadas por las tres instancias judiciales superiores. ¿Se puede pensar que todos nosotros conspiramos para perjudicar o beneficiar a un partido? Sería una inmensa teoría de conspiración que no tiene pies ni cabeza».
También explicó que el presidente Michel Temer pudo evitar el procesamiento porque, según la legislación de Brasil, al estar en ejercicio solo puede ser investigado por el Supremo Tribunal Federal y que es el Congreso el que tiene que votar una acusación para dar inicio a ese proceso. Como logró evitar ese sanción parlamentaria, aún no se inició ninguna investigación contra él, pero seguramente será distinta su situación cuando se quede sin el «privilegio» del cargo que tiene.
La historia de la lucha contra la corrupción tiene un antes y después en Brasil con el Lava Jato. Dos años después de iniciada la megacausa, el holding Odebrecht se comprometió a pagar una multa de 3500 millones de dólares en 23 años, con lo que evitó su quiebra, y pidió perdón. Además, lanzó un Compromiso par una Actuación Etica y Transparente que le permitió seguir trabajando y ganando licitaciones, por lo menos en su país.
El Lava Jato es un dramático proceso con el que se puso fin a la era de crecimiento económico, megacorrupción y populismo en un país que le está costando recuperar la normalidad y el prestigio internacional. En octubre habrá elecciones y no hay ningún candidato «normal» que hoy tenga más chances de ganar que el líder del PT, que sigue preso.
Todo indicaría que Argentina inició esta semana un proceso que puede ser asemejable al Lava Jato, aunque con un contexto político distinto, ya que no gobierna el Frente para la Victoria que estaba en el gobierno cuando se cometieron los grandes delitos de corrupción, sino la alianza Cambiemos.
Suponiendo lo que se ve, que los cuadernos aparecieron de casualidad o suerte en el despacho del fiscal Carlos Stornelli, quien a su vez derivó la investigación con el juez Claudio Bonadio, la Justicia argentina tiene una punta del ovillo excepcional, que se espeja con la información acotada de cuatro cuevas financieras que tenían Dallagnol y Moro el 17 de marzo de 2014.
A diferencia de cuando llegaron a la Argentina las esquirlas de caso Odebrecht, ya está probada la eficacia de la nueva ley del arrepentido, las fuerzas de seguridad están organizadas para respaldar a la justicia y se podría decir que hay un «ambiente favorable» para que la investigación prospere.
Por cierto, Bonadio tiene otras 600 causas que seguir, además, y Stornelli seguramente otras tantas. Sería de toda razonabilidad que la Justicia tome las decisiones pertinentes para despejar las obligaciones de quienes tienen que investigar y cuenten con el presupuesto necesario para realizarlo.
