El fallo que confirmó una decisión del juez federal Claudio Bonadío y embargos de $200 mil para los acusados, fue dictado por la Sala II de la Cámara, y alcanzó al dueño de Droguería Urbana, Marcos Hendler, al gerente de Prestaciones de APE Hugo Solá y el auditor de la obra social Daniel Lombardero.
La Cámara tienen por probado el uso de troqueles falsos de «Erbitux» para percibir reintegros en al menos tres casos de pacientes de esa obra social y un cuarto en grado de «tentativa».
La Administración de Programas Especiales se creó para asistir a las obras sociales en el financiamiento de tratamientos de alta complejidad y alto costo como trasplantes, oncología, SIDA y hemofilia con un presupuesto que en el 2009 superó los $950 millones, recordó la Cámara.
«En el caso existió un acuerdo encubierto tendiente a generar las condiciones necesarias para disimular el cumplimiento de los recaudos exigidos y de esa forma obtener en forma ilegítima las disposiciones patrimoniales cuestionadas», dice el fallo al que tuvo acceso Infobae.com.
«Tanto Lombardero como Solá tuvieron una intervención esencial en un trámite que culminó en el otorgamiento de un reintegro fuera de los plazos reglamentarios y por poco menos de cincuenta mil pesos, con relación a prestaciones brindadas durante un período temporal en el que el beneficiario ya había fallecido«.
«Con sólo leer el propio legajo, se podía y se puede verificar que, si alguna medicación fue provista, nunca lo fue en esa época«, …y que «sin embargo nada observaron sobre esto los procesados».
En este como en los demás el expediente se iniciaba con la «nota de solicitud de reintegro subsidio para alta complejidad» firmada por el presidente de la obra social camionera «la máxima autoridad de la obra social peticionante», dice el fallo.
Hendler, también está procesado en la megacausa por medicamentos falsos a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
