Marcos Peña , el jefe de Gabinete de Ministros, fue el primero de los funcionarios nacionales que salió a cuestionar las amenazas del titular del sindicado de peones de taxis, Omar Viviani , que en una reunión del gremio dijo que hay que “dar vuelta los coches” de los choferes que decidan no parar el jueves.
A través de un posteo en su cuenta de Facebook , Peña aseguró que las palabras del sindicalista “reflejan un pensamiento violento, extorsivo e intolerante” que son rechazados por la administración de Cambiemos .
«HAY QUE DARLES VUELTA LOS COCHES
Repudiamos las muy graves expresiones de Omar Viviani en las que convoca a ejercer la violencia contra los trabajadores que no adhieran al paro.
Más allá de que pidió disculpas cuando se hicieron públicas sus declaraciones, sus palabras reflejan un pensamiento violento, extorsivo e intolerante que rechazamos. Así como también lo rechaza la inmensa mayoría de los argentinos, ya que va en contra de nuestros valores democráticos.
Sigamos apostando todos a una convivencia en paz y al dialogo, en oposición a cualquier forma de violencia».
Los dichos, las disculpas y una citación de la Justicia
Un fiscal de la ciudad de Buenos Aires citó a indagatoria a Viviani, el titular del Sindicato de Peones de Taxi, acusándolo de cometer al menos tres delitos por sus dichos contra aquellos taxistas que no se adhieran al paro nacional convocado para el jueves. El gremialista fue convocado para mañana.
«Hay muchos que durante el gobierno anterior parecían más gorilas que Macri, pegándole a la presidenta. Seguramente muchos de esos carneros van a salir a trabajar; hay que darle vuelta los coches», dijo Viviani en un acto que se realizó hace algunos días, cuyo video trascendió hoy.
Por estas declaraciones el fiscal de Cámara, Walter Fernández, lo acusó de cometer los delitos de amenazas agravadas, instigación a cometer delito y delito contra la libertad de trabajo, todos penados con prisión, según informaron a La Nación desde la Fiscalía de la ciudad. Tras la repercusión que tuvieron sus dichos, Viviani se retractó hoy en declaraciones radiales. «Se me salió la cadena», argumentó.
«Será reprimido con prisión de un mes a un año, el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada», dice el artículo 158 del Código Penal porteño en el que se basó la causa iniciada por Fernández.
El fiscal también se amparó en el artículo 149 bis que estipula «prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas», pena que se eleva hasta tres años de prisión «si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas» y de hasta cuatro años al que «hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad».
La Nación
