La líder del GEN, Margarita Stolbizer, hará una presentación a la Justicia para pedir el decomiso anticipado, sin condena penal, de los bienes de Néstor Kirchner que hayan sido utilizados para cometer delitos o sean ganancias derivadas de hechos criminales, en el marco de las causas Hotesur y Los Sauces.
Si bien la discusión sobre la extinción de dominio todavía no fue resuelta en el Congreso, la presentación de la ex diputada señala que el Código Penal (artículo 23) estipula algunas excepciones que permiten avanzar con el decomiso de bienes incluso sin condena firme. Uno de estos casos excepcionales sería que la causa no pueda avanzar por la muerte del imputado, en este caso el ex presidente Néstor Kirchner.
Según la presentación, tanto Néstor como Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresarios Lázaro Báez conformaron una estructura que posibilitó que los fondos obtenidos de forma irregular a través de contratos de obra pública sean «conducidos» hacia la actividad hotelera para luego pasar a integrar, una vez «blanqueados», el patrimonio de la familia Kirchner. Pero las causas Hotesur y Los Sauces quedaron frenadas en lo que refiere al ex presidente tras su muerte (continúan con el resto de los imputados). Así, serían aplicables el artículo 23 y 305 del Código Penal.
Por otro lado, el Código Penal le exige al juez que primero haya quedado probado el origen ilícito de los bienes. El argumento de Stolbizer es que eso ha quedado probado con las «resoluciones de procesamiento» en las dos causas.
Entre las razones para solicitar el decomiso anticipado destacan las maniobras que la familia Kirchner llevó adelante para eludir posibles embargos. Por ejemplo, a pesar de las inhibiciones Cristina Kirchner le cedió sus bienes inmuebles a sus hijos y estos los escribieron a su nombre.
Por otro lado, los casi USD 5 millones que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia también sería de origen ilícito y podrían ser decomisados junto con los hoteles.
Las causas Hotesur y Los Sauces se originaron 2014 con denuncias efectuadas por la ex diputada Stolbizer. Por eso fue fue aceptada como «amiga del tribunal» (amicus curiae) lo que le permite aportar pruebas y sugerir medidas.
