La ex jueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, fue designada hoy como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La ex magistrada fue la elegida por el gobierno de Alberto Fernández para quedar el frente del SPF, un cargo clave en la estructura de las cárceles del país, en momentos de pandemia y del escándalo por supuestas maniobras de espionaje.
Así lo confirmaron fuentes oficiales, luego de que este miércoles por la mañana el Presidente anunciara su intención de intervenir el organismo.
La designación llega en una coyuntura de fuerte polémica: a fines del mes pasado, el director del SPF, Emiliano Blanco, presentó su renuncia, luego de los motines de Devoto que generaron destrozos en medio de pedidos de excarcelaciones con la excusa del coronavirus, con más de diez casos de infectados en el penal. Blanco, sin embargo, fue instrumental para aplacarlos a la cabeza de las sucesivas mesas de diálogo con detenidos que organizaron una tregua.
Otra temática compleja que deberá afrontar la flamante interventora es la investigación por supuesto espionaje ilegal a políticos, periodistas y jueces durante el gobierno de Mauricio Macri. Justamente en el marco de esa investigación hoy se produjo un allanamiento a la cárcel de Ezeiza, buscando determinar si fueron espiados los presos kirchneristas.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena. Integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería se presentaron en el complejo de Ezeiza junto a un empleado del juzgado de Villena.
En esa cárcel estuvieron presos, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou, el hoy Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía y los empresarios Lázaro Báez o Cristóbal López.
El Tribuno
