Más de un centenar de argentinos aprovechó la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno en 2016 para sincerar que eran dueños de propiedades, cuentas bancarias e inversiones en Suiza, Panamá, Uruguay y Estados Unidos, a través de sociedades en el exterior no declaradas. En total, blanquearon al menos U$S 104 millones en activos a nombre de firmas offshore abiertas por el estudio Mossack Fonseca, luego de quedar expuestos con las revelaciones de los Panama Papers de abril de ese año.
La información surge del análisis que hizo el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de cientos de nuevos mails y documentos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos por ICIJ con un centenar de periodistas miembros de la organización en todo el mundo. De Argentina, tuvieron acceso exclusivo Infobae, La Nación y Perfil.
El blanqueo anunciado por el Gobierno a fines de mayo de 2016 fue la oportunidad que vieron los clientes argentinos de Mossack Fonseca de regularizar su situación con el fisco y salir de la ilegalidad. Los nombres de sus offshore acababan de haber sido publicadas por ICIJ en una base de datos de acceso libre en la web, y la AFIP comenzaría a poner especial atención sobre esa información.
Las consultas al estudio panameño en el segundo semestre de ese año se multiplicaron, con pedidos de la documentación sobre las sociedades, requerida para ingresar al sinceramiento fiscal. Empresarios del sector agropecuario, industrial, farmacéutico, entre otros hombres de negocios y argentinos con alto poder adquisitivo, contactaron a los estudios legales y contables -en su mayoría uruguayos- que actuaron de intermediarios con el bufete panameño para la apertura de las sociedades en el exterior.
Así se refleja en la decenas de intercambios y archivos que figuran en nueva tanda de mails internos de Mossack Fonseca compartidos por ICIJ: la frase «sinceramiento fiscal» aparece 679 veces. Los argentinos que manifestaron interés en adherir a esa amnistía suman 125, dueños de 100 sociedades offshore.
Pero el monto de dinero blanqueado ante la AFIP excede ampliamente los $ 3.100 millones que surgen del análisis de los documentos. De ese centenar de compañías abiertas por el bufete panameño que informaron que querían ingresar al blanqueo, el equipo argentino de ICIJ pudo identificar el detalle de los bienes -con su correspondiente valor- solo de la mitad de ellas.
La jurisdicción más elegida por los clientes argentinos para abrir una offshore fue Panamá -51 casos-, seguida de las Islas Vírgenes Británicas, con 30, Bahamas con 6 y Seychelles con 5.
En la mitad de los casos donde fue posible identificar a los intermediarios, ese rol lo cumplió el estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, uno de los más elegidos por los argentinos. Ex presidente del Club Peñarol quedó salpicado a nivel internacional por el escándalo de la FIFA, y en nuestro país por la causa de «la ruta del dinero K» , donde fue citado a declarar por el juez Sebastián Casanello.
De los intercambios analizados por el equipo de ICIJ, se reitera la decisión de blanquear casas y departamento en Uruguay o Miami, Estados Unidos, aunque en muchos casos con valores inferiores a las cotizaciones del mercado.
Punta del Este aparece como el balneario más elegido por los argentinos para comprarse una casa de veraneo que no figure a su nombre, si no al de una offshore con un nombre de fantasía.
En total, a través de las sociedades abiertas por Mossack Fonseca, se declararon 39 propiedades por un valor total de casi U$S 24 millones.
En tanto, el dinero en cuentas bancarias a nombre de estas sociedades reconocido ante la AFIP asciende a U$S 36,7 millones. Permanecían fuera de la mirada del fisco en bancos de Suiza, Panamá, Estados Unidos, Uruguay y Emiratos Árabes.
En el proceso de «exteriorización de activos», los clientes argentinos de Mossack Fonseca también admitieron ser dueños de acciones en una treintena de empresas por un valor total de U$S 33,4 millones. La mitad de las firmas en las que invirtieron su dinero están en Uruguay, mientras que el resto se reparte entre Estados Unidos, México, Bahamas y, en un único caso, Argentina.
Los montos sincerados van de U$S 10.000 -el capital inicial para constituir una offshore- hasta U$S 15 millones, en el otro extremo. El 37% de los clientes argentinos de Mossack Fonseca blanqueó menos de U$S 500.000, en tanto un 25% exteriorizó entre U$S 500.000 y U$S 1 millón, y un 31% entre este cifra y U$S 9 millones.
Aquellos que adhirieron al régimen de sinceramiento fiscal no debieron pagar nada en concepto de multa si los activos sumados -incluidos los inmuebles- no superaron los $305.000. Hasta un valor total de U$S 800.000, la penalidad fue el 5%, y por encima de ese monto, el 10% o el 15%, dependiendo de la fecha de adhesión.
Documentos antedatados
Entre las condiciones para ingresar al sinceramiento fiscal –que se extendió desde el 1º de agosto de 2016 hasta el 31 de marzo del año siguiente- estaba entregar documentación que reflejara los bienes a blanquear hasta el 22 de julio de 2016, «la fecha de corte» para que los contribuyentes declararan su patrimonio ante la AFIP.
Esto significaba un escollo para muchos clientes argentinos del estudio panameño ya que sus empresas tenían acciones al portador y no aparecían como dueños de ellas. La nueva legislación panameña obligaba a nominatizar las acciones con fecha tope 31 de diciembre de 2015, pero muchos no habían regularizado esa situación para evitar tener que informar los nombres de los beneficiarios finales. Esto motivó decenas de consultas, a partir del segundo semestre de 2016, sobre la posibilidad de emitir nuevos certificados con acciones nominativas, pero con fecha anterior al 22 de julio de ese año, para poder sincerar las sociedades en el blanqueo. Así lo refleja el mail a continuación, con fecha 7 de noviembre de 2016:
Pese a ser ilegal, el bufete panameño accedió en muchos casos al pedido -según se desprende de los intercambios revisados por ICIJ-, con un cargo extra por la emisión de actas de las sociedades y certificados accionarios antedatados.
Tasaciones inferiores al valor real
En los documentos se repite un formulario que oficiaba de declaración jurada para detallar los bienes que hasta entonces no habían sido informados a la AFIP, que incluía la siguiente frase: «La presente certificación se extiende a los efectos de ser presentada ante quien corresponda bajo el Régimen de Sinceramiento Fiscal sancionado en Argentina por la ley 27.260 y sus reglamentaciones».
Sin embargo, el valor de los bienes informados no siempre era el real. En varios casos, los inmuebles se declaraban por valores inferiores a los de adquisición, o a los de mercado. Por ejemplo, una firma panameña declaró ante la AFIP ser dueña de un «campo con mejoras» en Punta del Este por U$S 571.000. Pero en la escritura de compra-venta de esa propiedad a la que accedió ICIJ, el campo costó, en realidad, U$S 975.000, casi el doble.
Temor a una nueva filtración
Así como la revelación de nombres en los Panama Papers en abril de 2016 obligó a muchos argentinos clientes de Mossack Fonseca a blanquear sus sociedades offshore y sus bienes, también llevó a otros a querer disolverlas.
Para concretar ese trámite, el estudio panameño les reclamaba una serie de comprobantes y certificaciones, aun cuando la sociedad estuviera inactiva. Si bien no siempre había sido así, se volvió habitual luego del escándalo que dejó expuesta la laxitud de Mossack Fonseca a la hora de cumplir los requisitos para abrir una sociedad, conocidos como «debida diligencia».
Esta exigencia generó el fastidio de más de un cliente argentino, temeroso de que su nombre quedara en medio de una nueva filtración de documentos, como la que efectivamente ocurrió y dio lugar a esta segunda etapa de la investigación de ICIJ.
«El cliente me informa que no va a solicitar el certificado, porque no quiere entregarme la debida diligencia, como en otros casos, me dice que ingresando a Panama Papers tienen toda la información. Me pide que le reintegremos el dinero», le reclamó la empleada del estudio contable Cibils & Asociados -que actuaba como intermediario en Uruguay- a Mossack Fonseca en octubre de 2016. Como argumento para refutar al cliente, el estudio panameño le respondió que «la información que contienen los Panama Papers es información robada, como tal, no es considerada verdadera» y que se exponían a multas por parte del Gobierno de las Islas Vígenes Británicas si no contaban con los certificados solicitados. «Te cuento todo esto para que puedas concientizar a tu cliente», concluía la agente de Mossack Fonseca en el intercambio de correos. Una precaución que el estudio panameño no había tomado antes de verse envuelto en la tormenta de los Panama Papers, que terminó con su cierre definitivo en marzo pasado.
