El separatismo de Cataluña pasó hoy de la amenaza a los hechos: en medio de una sesión marcada por el escándalo, el parlamento regional sancionó la ley que habilita al gobierno catalán para convocar un referéndum el 1º de octubre y declarar inmediatamente después la independencia si una mayoría de votantes la apoyara.
Nunca el desafío secesionista había llegado tan lejos. La ley -aprobada por una polémica vía exprés- establece «un régimen jurídico excepcional» que «prevalece sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto» con ella. Es decir, se la coloca por encima de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía.
De esa manera, el frente político que manda en Cataluña advierte que desconocerá las sentencias judiciales que con toda seguridad ordenarán suspender la aplicación de la ley.
En alerta desde primera hora del día, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó horas antes de la votación presentó un recurso contra las autoridades catalanas ante el Tribunal Constitucional (TC), máxima instancia judicial del país. «Estamos presenciando un acto de fuerza contra la democracia. Actúan de una forma que se acerca a los regímenes dictatoriales», dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en una declaración oficial desde el Palacio de la Moncloa. El Ejecutivo pidió específicamente que la Justicia actúe penalmente contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, por haber permitido a sabiendas el debate de una ley «inconstitucional».
Después de seis años de agitación por el auge del independentismo, y cuando no pasaron tres semanas del atentado jihadista de La Rambla de Barcelona, el conflicto institucional entró en su fase decisiva. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ya advirtió que no acatará un fallo que frustre la celebración del referéndum. De hecho, piensa firmar hoy mismo el decreto de convocatoria en un acto solemne, sin tener en cuenta las órdenes que lleguen desde Madrid.
La ley sancionada por la mayoría independentista del Parlamento contempla que la votación se celebre el 1º de octubre con la siguiente pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?» El resultado, dispone, será vinculante. No establece un piso de participación ni una cifra mínima de votos favorables para determinar el ganador. Establece que en caso de triunfar el sí, en un plazo de 48 horas se declarará la independencia y se abrirá un proceso de transición hasta la constitución definitiva de la nueva República.
Para limitar el margen de acción opositor, los bloques separatistas resolvieron votar la ley por un mecanismo extraordinario que impide pedir informes técnicos sobre la juridicidad del texto o debatirlo artículo por artículo.
Los bloques de Ciudadanos, el socialismo, el PP y Podemos -minoritarios en bancas, pero que sumaron más del 50% de los votos en las últimas elecciones autonómicas- denunciaron un «atropello a sus derechos». La sesión estuvo suspendida durante varias horas. El clima de máxima crispación y las advertencias de Rajoy no impidieron a Puigdemont y a sus socios avanzar finalmente con el plan.
La ley se aprobó con los votos de Junts pel Sí, la coalición de gobierno, y sus aliados antisistema (CUP). En protesta, casi toda la oposición se ausentó al momento de votar.
Ahora la gran intriga es cuál será la respuesta de Rajoy en caso de que el gobierno catalán cumpla con la amenaza de que no acatará ninguna orden contra el referéndum. Madrid podría desde asumir funciones autonómicas hasta promover la suplantación de las autoridades regionales. Hasta ahora se ha movido con cautela, sobre todo por temor a una reacción en las calles que agrave aún más el conflicto que tiene en vilo a España. Sáenz de Santamaría mantuvo el secretismo: «Sabemos lo que hay que hacer y lo haremos en cada momento», dijo.
