Del total de dimisiones difundidas por el diario Milenio, dos corresponden a los secretarios de seguridad pública estatales de Tamaulipas y Veracruz, mientras que el resto se registran en 17 municipios de otros 12 estados.
Uno de los estados con más renuncias es Nuevo León, ya que los municipios de Guadalupe, Allende y Linares debieron adaptarse a los recambios. Monterrey, la ciudad más importante de este estado es también la que registra uno de los más tristes récords de ejecuciones: 650 homicidios, lo que la convierte en la segunda urbe más peligrosa del país por detrás de Ciudad Juárez.
Según detalla el diario mexicano, en varios casos los directores de las fuerzas públicas aseguran que los motivos de su dimisión no son la violencia. Sin embargo, todos los que dejan su puesto lo hacen en municipios con altos índices de homicidios relacionados con el crimen organizado.
El terror a las represalias hace que nieguen las amenazas. Así, en la capital de Durango, ciudad con más de 400 ejecuciones, que la ubica como el décimo ayuntamiento más violento del país, Amulfo León Campos dimitió tras aclarar que «por ningún motivo fue víctima de amenazas» del crimen organizado.
Otra de las problemáticas que enfrentan las fuerzas de seguridad mexicana son los secuestros y homicidios de sus jefes policiales. En siete meses, cinco secretarios de seguridad pública han sido asesinados.
