En medio de la discusión sobre el nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales que oficializó el Ministerio de Seguridad, y que generó un nuevo cortocircuito con Elisa Carrió, el Gobierno porteño analiza adherir a la nueva normativa e implementar el uso de armas no letales, como las pistolas Taser.
«Vamos a profundizar este tema, el debate de protocolizar el uso de armas no letales, como las Taser, con la ministra Bullrich», aseguró el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en diálogo con radio La Red. El uso de este tipo de arma se discutió en las últimas horas en una reunión con funcionarios de Seguridad de Nación y Ciudad.
El martes, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que la Policía de la Ciudad va a aplicar este nuevo reglamento. «La Ciudad va a adherir al nuevo protocolo, es un trabajo en equipo», planteó el mandatario porteño. Sin embargo, no precisó a partir de cuándo se comenzará a implementar.
Hasta ahora, la reglamentación exigía que para abrir fuego un efectivo tenía que esperar que les dispararan primero e incluso antes de extraer su arma de fuego debía usar la disuasión y graduar el empleo de la fuerza de menor a mayor. Con la nueva reglamentación los miembros de las fuerzas podrán usar sus armas frente a cualquier «peligro inminente».
«La doctrina que hoy tenían nuestras fuerzas de seguridad era una doctrina que los dejaba totalmente inermes y los ponía en el lugar de victimarios cada vez que actuaban», argumentó en las últimas horas Patricia Bullrich, y agregó que el arma de fuego debe utilizarse como último recurso. «¿Para qué tenemos policías? ¿para qué los policías portan armas? Para defender a la gente», destacó.
En ese sentido, explicó que el gobierno nacional decidió cambiar la reglamentación partiendo de un principio central: «Solo se puede utilizar el arma de fuego frente a una situación de inminente peligro, de riesgo de vida o de gravísima situación de los mismos miembros de las fuerzas de seguridad o de terceros».
La discusión sobre la incorporación de estas armas no letales en el armamento de las fuerzas de seguridad comenzó en 2010, cuando la entonces denominada Policía Metropolitana daba sus primeros pasos. En ese momento aparecieron objeciones que apuntaban tanto a muertes ocurridas por su uso en otros países como al peligro de que sean utilizadas como picanas.
Entre las críticas, la compra de las Taser se judicializó y la Justicia porteña prohibió su utilización. La acción fue iniciada por un hombre que había solicitado que se impidiese a la Policía Metropolitana el uso de esas armas por considerarlas un elemento de tortura.
En 2015, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia porteño revocó, por mayoría, el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y habilitó su uso. A pesar de esto, la Policía Metropolitana desistió avanzar en su uso.
