El juicio por presunta corrupción con la obra pública en Santa Cruz, que tiene como acusada a Cristina Kirchner, se reanudó ante el Tribunal Oral Federal 2 en el tercer día del alegato de la fiscalía. Una vez más, la Vicepresidenta fue autorizada a ausentarse de la audiencia por estar supuestamente dedicada a “tareas parlamentarias” en el Senado.
Luciani mostró que el líder de La Cámpora cruzó mensajes con el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación José López, que lo mantenía al tanto sobre los avances de los distintos proyectos de obras para Santa Cruz, a pesar de que no ocupaba ningún cargo político en el 2015.
López a su vez mantenía contactos Matías Bezi, amigo de Máximo Kirchner y diputado provincial. “¿Pudiste hablar con Maxi para definir la ubicación de las 100 cuadras?”, decía uno de sus mensajes.
El fiscal realizó este viernes el análisis de cada una de las licitaciones. Sobre una de ellas, la número 19 sostuvo: “Cuando se realizó esta licitación, Lázaro Báez había recién adquirido el paquete accionario de Kank y Costilla. Vemos claro que tres empresas ofertaron y eran las tres empresas controladas directa o indirectamente, a través de transferencias accionarias o de un poder”.
En otras palabras, empresas controladas por Báez se presentaban en las mismas licitaciones en una competencia ficticia, lo que para el fiscal fue posible gracias a una autorización del Poder Ejecutivo.
“Hubo desvío de ingentes sumas de dinero hacia Lázaro Báez, se buscó encubrir la falta de capacidad de la empresa, en una maniobra grosera”, afirmó y aseguró no poder creer “cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción”. En uno de los casos, puso como ejemplo, la obra “debió realizarse en 36 meses, tardó 90 meses, se constataron sobreprecios, abandonaron la obra y se convocó a una nueva licitación”.
En la última presentación, Luciani había dicho que en la provincia de Santa Cruz hubo un “direccionamiento grosero inadmisible” a favor de empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015, con sobreprecios e incumplimientos.
La fiscalía quedó como única parte acusadora en el juicio que lleva más de dos años y el lunes anticipó que considera que hay prueba para formular acusaciones a los 13 procesados por los supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación. El alegato tendrá en total nueve audiencias y luego será el turno de las defensas.
El juicio se realiza de manera semipresencial, con los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu conectados desde una sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y el resto de las partes de manera remota. Además de la Vicepresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y exfuncionarios del área como José López y Carlos Kirchner, entre otros.
Asociación de Magistrados cuestionó a Soria y Mena por sus ataques los fiscales
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cuestionó al ministro de Justicia, Martín Soria, y al secretario de esa cartera, Juan Martín Mena, por sus opiniones públicas en relación al desempeño de los fiscales que intervienen en caso Vialidad y sostuvo que constituyen una “intromisión impropia e inadmisible” del Poder Ejecutivo en el ámbito de otro poder del Estado.
“Las expresiones del Ministro de Justicia Martín Soria y del Secretario de Justicia Juan Martín Mena respecto del alegato que se encuentran formulando los Fiscales Federales, Diego Luciani y Sergio Mola, en el juicio oral de la causa conocida como “Vialidad” no contribuye al afianzamiento de la división de los poderes”, sostuvo la Asociación de Magistrados a través de un comunicado firmado por su titular, Marcelo Gallo Tagle.
“Se trata de una intromisión impropia e inadmisible de funcionarios del Poder Ejecutivo en el ámbito propio de otro poder del Estado. Debe aspirarse a que a quienes se les ha confiado un cargo en el Poder Ejecutivo lo ejerzan con objetividad y respeto de la división Republicana de los poderes”, se indicó en el mismo texto.
Horas antes, el ministro Soria había considerado que la vicepresidenta es objeto de una “persecución” que constituye “la expresión más grotesca del lawfare”, y aseguró que los funcionarios judiciales que forman parte de ese accionar “son los mismos que entraban a escondidas al despacho de Mauricio Macri” cuando era presidente.
“Cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra Cristina Kirchner entraba a escondidas al despacho de (Fabián) Pepín Simón (exasesor judicial del Gobierno de Cambiemos) y Macri en la Casa Rosada. No es coincidencia”, remarcó Soria en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.
En ese marco, Soria publicó además una foto en la que se puede observar a uno de los fiscales federales que intervienen en la causa de Vialidad, Diego Mola, junto al procurador general interino Eduardo Casal; y planilla de ingreso a Casa Rosada en la que figura la entrada de “Mola”, el 16 de junio de 2016, durante la gestión de Macri.
Mena, por su parte, calificó de “delirante” la postura de la fiscalía en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y sostuvo que al ver la exposición de los fiscales entendió “por qué se negaron a producir las pruebas en esta causa”.
El viceministro de Justicia consideró, en declaraciones a El Destape Radio, que existe una “especie de superserie televisiva donde se nota demasiado el coaching, y el tribunal se prestó para que este show se haga de esta manera”.
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