La Confederación General del Trabajo (CGT) encendió las luces amarillas: el déficit financiero del sistema de obras sociales que se proyecta para este año ascenderá al récord de 50.000 millones de pesos y las soluciones que negocia con la Casa Rosada para revertir esa crisis se demoran por la falta de decisiones políticas. Para colmo, el gobierno bonaerense ratificó que avanzará con la reforma del sistema sanitario que había anunciado Cristina Kirchner y que provoca terror ente los sindicalistas porque temen que oculte el objetivo de apropiarse de los fondos de las obras sociales.
En la última reunión del Consejo Directivo cegetista, el jueves pasado, el secretario de Acción Social, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), brindó un informe sobre las tratativas que lleva adelante con el Ministerio de Salud para encontrar una salida a las cuentas en rojo de las obras sociales. Allí, quedó en claro que la CGT podría realizar una movilización callejera para denunciar la indefensión de sus afiliados en materia de salud si persiste la ausencia de medidas concretas por parte el Gobierno.
El dirigente detalló a sus colegas la “Propuesta para Integración del Sistema de Salud Argentino”, elaborada por la cartera que conduce Carla Vizzotti a partir de las conversaciones con la CGT, pero, luego de haberlo debatido, sólo aprobaron algunos puntos y quedaron preocupados por otros. Por ejemplo, el borrador oficial contiene el “libre acceso prestacional garantizado”, que es lo mismo que impulsa la Vicepresidenta y que tanta desconfianza despierta en el gremialismo.
Jose Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGTComo parte del objetivo de centralizar los recursos del sistema sanitario, esa propuesta implicaría la obligación de que las obras sociales atiendan “sin restricciones” (es decir, sin cobrarles) a los beneficiarios de los hospitales públicos y de las prepagas, con un financiamiento que no aún no está definido y que renovó las sospechas cegetistas sobre el intento oculto de la reforma.
Hay otro aspecto que algunos sindicalistas reconocen como necesario, pero que causa mucha resistencia en la mayoría de la dirigencia: bajo el título “Obras sociales inviables”, el borrador oficial plantea “la necesidad de propiciar acuerdos de colaboración entre obras sociales para mejorar los indicadores de crisis”. En otras palabras, apunta a fusionar obras sociales deficitarias, algo a lo que resisten quienes conducen esas entidades porque quieren retener el poder político que les da manejar la salud de sus afiliados. El propio Lingeri había hablado de este tema en una entrevista con Infobae, hace dos años: “Eso lo hemos analizado mil veces, pero nunca se pudo lograr: cada uno quiere mantener su actividad y la pertenencia a la obra social de origen -afirmó-. Pero después de esta pandemia, algunas obras sociales chicas van a ser inviables y es posible que desaparezcan y tengan que transferir sus afiliados a otra para mantener un sistema prestacional mínimo”.
La propuesta de Salud contiene sugerencias efectuadas por la CGT, como “el descuento del 15% de quienes derivan sus aportes de obra social para las prepagas”. La medida tocaría el bolsillo de quienes derivan a las prepagas sus aportes legales en el rubro obra social: para el sindicalismo, así se desfinancia el sistema porque ese importe lo retiene la medicina privada, pero no llega al Fondo Solidario de Redistribución, integrado por los aportes de trabajadores y contribuciones patronales y destinado a reintegrarles a las obras sociales las prestaciones médicas de alto impacto económico y de tratamiento prolongado.
Otro punto que incluye el borrador y está en sintonía con los reclamos cegetistas es la decisión de que “las prestaciones de educación y transporte deberán ser financiadas con recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad para descomprimir la presión sobre los recursos del fondo solidario”. Hoy, esas partidas específicas son afrontadas por las obras sociales y desde hace años representan el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales (casi un 37% del total). En cuatro años tuvo un crecimiento del 40%. Y, según los sindicalistas, es una de las claves del desfinanciamiento del sistema.
Las obras sociales sindicales atienden a más de 14 millones de personas en todo el paísEse alivio que contiene la propuesta de Vizzotti se complementa con otras. Una es el financiamiento de las prestaciones del monotributo social por parte del Ministerio de Salud. Es un viejo reclamo de la CGT, que periódicamente insiste con el aumento de la cápita que pagan los monotributistas para acceder a la atención de las obras sociales, que están obligadas a darles la misma cobertura que a los trabajadores en relación de dependencia, aunque aportan aquellos aportan mucho menos.
Otra es “la reconversión del Programa Médico Obligatorio (PMO) en una canasta de servicios de salud”. El sindicalismo exige una nueva canasta de prestaciones médicas en lugar del PMO, que establece las coberturas mínimas que se debe brindar y al que se fueron incorporando nuevas patologías y medicamentos que asfixiaron financieramente al sistema de salud.
Para resolver el problema de cómo financiar los medicamentos de alto costo, uno de los principales los dilemas financieros de las obras sociales, el paper de la ministra de Salud, en sintonía con la CGT, contempla “la creación de un Fondo Nacional de Tecnologías de muy alto precio financiado con recursos del Tesoro Nacional y con una permanencia de 36 meses de la tecnología antes de ser financiado por las obras sociales”. Y, además, “la creación de una Junta Nacional Permanente similar a las juntas médicas de las ART” para determinar si ciertos medicamentos nuevos son considerados válidos y así les brinda una base sólida a los jueces que deben dictar sentencia en amparos de pacientes que reclaman que el pago sea de las obras sociales.
La ministra de Salud, Carla VizzottiUna curiosidad: la propuesta incluye la instrumentación de la “historia clínica digital interoperable”, en la que coinciden funcionarios y dirigentes gremiales, aunque es un homenaje involuntario a un opositor como Horacio Rodríguez Larreta: la medida se instrumentó desde 2016 en la Ciudad de Buenos Aires y permite una mayor eficiencia en la atención médica.
La CGT espera que algunas de estas medidas se pongan en marcha, aunque sobre algunas de ellas no está claro si se pueden llevar adelante con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o una ley del Congreso Nacional, una variante más compleja a la luz de la interna del Frente de Todos y la paridad de fuerzas con las bancadas opositoras en la Cámara de Diputados.
Antes de reiterar el plan de reformar el sistema sanitario, durante el Congreso Provincial de Salud que encabezaron el gobernador Axel Kicillof; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el diputado kirchnerista Daniel Gollán, las autoridades provinciales hicieron una ronda reservada de contactos con líderes sindicales para explicarles los alcances del proyecto y, sobre todo, darles garantías de que no hay ninguna intención de apropiarse del dinero de las obras sociales.
Los sindicalistas se limitaron a escuchar (inclusive fueron invitados al Congreso Provincial de Salud, que se hizo en Mar del Plata), pero lo que dicen en la intimidad no es muy prometedor para el kirchnerismo: “No les creemos”.
Ricardo Cárpena/Infobae
