El Parlamento Europeo aprobó este martes dos leyes que endurecerán la política migratoria en el continente. La sanción de los proyectos se dio luego de una alianza entre partidos de derecha y extrema derecha para reducir aún más la llegada de inmigrantes.
Una de las principales medidas de la nueva legislación, contempla que los Estados miembro de la Unión Europea (UE), devuelvan a solicitantes de asilo a países de los que no son originarios, pero que la UE consideró como «seguros».
Esta lista de países «seguros» también fue creada en este proyecto, e incluye a siete países: Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, la India, Marruecos y Túnez. Además, se acelerará la aprobación o rechazo de las solicitudes de asilo de estos siete países.
El texto, que aún debe recibir el aval definitivo de los 27 Estados miembro de la Unión Europea, consolida un endurecimiento progresivo de la política migratoria del bloque.
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Este enfoque ya empezó a aplicarse en algunos países. Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, puso en marcha centros de procesamiento de migrantes en Albania, una experiencia piloto que, por el momento, chocó con trabas judiciales y cuestionamientos legales tanto a nivel nacional como europeo.
Las nuevas normas despertaron fuertes críticas de organizaciones humanitarias y sectores políticos opositores, que advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Además, pasa por alto el sistema de asilo consagrado en la Convención de Ginebra de 1951, que prohíbe devolver personas a países donde su vida o libertad puedan estar en peligro.
“Es un nuevo escalón en la deshumanización de la política migratoria europea”, sostuvo la eurodiputada ecologista Mélissa Camara, quien denunció que la dignidad de quienes buscan protección internacional está siendo “pisoteada”. Desde la Comisión Europea, en cambio, rechazaron esas acusaciones y afirmaron que los países considerados “seguros” deberán garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
En paralelo, los legisladores también avanzaron en un reglamento común sobre retornos, que fija criterios unificados para toda la UE. Entre otros puntos, establece obligaciones para quienes reciben una orden de expulsión por primera vez y endurece las consecuencias para quienes no cooperen con su salida.
Según la nueva normativa, los migrantes que no abandonen el territorio de forma voluntaria podrían enfrentar sanciones penales, incluida la prisión, y los Estados miembro quedarán habilitados a crear “centros de retorno” fuera del bloque, siguiendo el modelo impulsado por Italia en territorio albanés.
El ascenso de las políticas antiinmigración en Europa nació en 2015, cuando cerca de un millón de sirios cruzaron el mar Mediterráneo para escapar la guerra civil que azotó al país durante años.
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