La búsqueda del submarino ARA San Juan sigue su curso en el área el Golfo San Jorge, cercana al Puerto de Comodoro Rivadavia, pero mientras los buques de las Armadas de Argentina, Rusia y de Estados Unidos continúan con los trabajos de rastrillaje, en carriles paralelos avanzan la investigación judicial a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y una serie de auditorías internas dentro del Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad.
El funcionario –ex ministro de Telecomunicaciones– inició sumarios internos a los altos oficiales encargados del operativo de búsqueda y rescate de los 44 submarinistas para determinar responsabilidades por las irregularidades que quedaron expuestas desde su inicio.
Aguad, además, ordenó el pase a disponibilidad de al menos siete oficiales de la Armada hasta tanto se conozcan los resultados de estos informes y el avance de la causa judicial en manos de Yáñez. Los primeros fueron el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) y del capitán de Navío Claudio Villamide, Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS). Mazzeo y Villamide son los oficiales que escribieron el reporte que describía la situación del navío extraviado y que la Armada ocultó.
Consultadas por Infobae, fuentes calificadas del Ministerio de Defensa señalaron que ambos militares «seguirán perteneciendo a la fuerza» y que «fueron corridos por la investigación hasta tanto se determine su responsabilidad». Esta disposición se suma al pedido del contraalmirante Gerardo González, jefe de la Base Naval en Mar del Plata, quién solicitó su pase a retiro hace dos semanas.
De González dependía la base desde la cual partió el ARA San Juan originalmente, y había sido quien recibió los reclamos -e insultos- de los familiares de los 44 tripulantes del submarino a medida que se fueron conociendo las noticias que señalan que la nave habría sufrido algún tipo de explosión. También estaba siendo investigado por el Ministerio de Defensa.
López Mazzeo había sido cuestionado por la jueza Yáñez, a cargo de la causa, por la reticencia a aportar información sobre las comunicaciones del submarino con la base naval y el reporte de averías en las baterías, además de la logística dispuesta para la aplicación del SAR, por sus siglas en inglés «search and rescue» o «búsqueda y rescate». Su reemplazante será Rafael Prieto, que hasta el momento tenía a su cargo la Flota del Mar.
«Cuando estás sujeto a un sumario te pueden correr del cargo pero seguir cobrando el sueldo; no tenés funciones. Si sos inocente, podés volver; si sos culpable, te pueden dar la baja o el retiro obligatorio, que no es lo mismo que el retiro efectivo», explicaron a este medio desde la Armada.
Otras medidas dispuestas por el Ministerio de Defensa a partir de la desaparición del ARA San Juan tiene que ver con la seguridad en los buques militares. Desde ahora la Prefectura podrá realizar un control de casco, máquina y sistema de seguridad para la vida en el mar. «Es un sistema de aptitud de navegación que Prefectura realiza con barcos comerciales pero que ahora se ampliará a los militares».
