El fiscal federal Eduaro Taiano decidió pedir la declaración indagatoria de la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó , y lo concretará mañana, en la causa en que investiga la compra de un edificio para la Procuración, efectuada en 2013 por 43,8 millones de pesos, unos 8 millones de dólares de la época, anticiparon altas fuentes judiciales.
Ahora será el juez federal Julián Ercoloni quien deberá resolver si cita a la jefa de los fiscales, que integra la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima.
El Gobierno intentó desplazar sin éxito a Gils Carbó y confía en que esta acusación puede desembocar en una embestida para sacarla del cargo.
La funcionaria advirtió en una entrevista concedida a a radio Con Vos que no piensa irse y dijo que en caso de que se firme un decreto para removerla, ella resistirá y recurrirá a la Justicia para evitarlo.
La causa
La procuradora es investigada por la operación de la compra del edificio de la calle Perón 667, donde tiene su oficina. La compra se realizó mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, y actuó de intermediario, Juan Carlos Thill al que se le pagó casi 3 millones de pesos de comisión, y que es medio hermano del número dos del área de contrataciones un funcionario de la Procuración General de la Nación.
La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.
Gil Garbó aparece al final de la operación y en la Procuración sostienen que fue víctima de un empleado infiel. No obstante, en tribunales y en el Congreso señalan que políticamente es responsable de la compra porque aparece firmando la operación y que éste es el camino más directo al juicio político que impulsa el Gobierno.
Hernán Capiello/La Nación
