El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó que Cristina Elisabet Kirchner sea citada a declaración indagatoria por dos delitos vinculados a la causa de «la ruta del dinero K»: encubrimiento y omisión de denuncia.
El pedido surgió ante la posibilidad de que la ex primera mandataria pueda haber participado en maniobras destinadas a ocultar datos e información sobre transferencias de millones de dólares de empresas y sociedades vinculadas al empresario y socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez.
Las sospechas se originaron a partir de una presentación realizada por el actual procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien entregó a la Justicia datos sobre empresas y personas que derivaron USD 500 millones desde la Argentina hacia bancos de decenas de países del mundo, desde el extremo Oriente, en China, a las Islas Seychelles o Letonia.
El pedido de indagatoria también alcanza al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien está acusado por los mismos delitos que la ex jefa de Estado.
El fiscal solicitó además a Sebastián Casanello que prohíba la salida del país de Cristina Kirchner y de Kicillof y que se ordene sus comparecencias ante el tribunal “con la frecuencia que el juez determine”. De acuerdo con fuentes judiciales, esto se debe a la cantidad de procesos que están abiertos contra la ex Presidente, a los recursos económicos que tiene y al objeto de la causa por la que se pidió su indagatoria: ocultamiento de pruebas.
El entramado bancario, el listado de las firmas involucradas y los documentos estuvieron bajo conocimiento de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, quien nunca denunció las irregularidades.
Carlos Balbín, actual procurador del Tesoro Nacional, confirmó que cuando asumió se encontró con faltantes de «discos rígidos» y otros soportes digitales. La nueva gestión realizó una denuncia penal e inició tareas para recuperar la información, principalmente aquella que podría estar vinculada con operaciones de Lázaro Báez y la ruta del dinero K.
Parte de esa información fue recuperada por un estudio externo, que entregó los documentos al gobierno argentino, que a su vez giró la documentación al juez federal Sebastián Casanello, quien entiende en la instrucción.
