Las tensiones en el terreno social van camino a convertirse en un clásico del verano, con docentes, piqueteros y jefes cegetistas recortados como focos de atención para el Gobierno. En el primer renglón figura María Eugenia Vidal, curtida para la previsible batalla de las paritarias, y en el segundo, la ministro Carolina Stanley, de rodaje efectivo en la negociación con las organizaciones sociales. En el tercer caso, el problema es más complejo: además de los componentes éticos y políticos, el desgaste personal de Jorge Triaca podría poner en juego su capacidad operativa en el fisurado frente sindical.
Este último dato no es menor para el ministro de Trabajo, que con el correr de los meses se convirtió en pieza no única pero sí central de las difíciles tratativas con los jefes sindicales. Acuerdos concretos por sector productivo, paritarias, conflictos específicos de algunos gremios y la llamada reforma laboral, finalmente frustrada por distintos factores –no sólo ni principalmente adjudicables a su propia órbita- fueron poniendo a prueba y dándole solidez a la gestión.
En sentido inverso impacta el caso de la empleada de la quinta familiar, con el capítulo inconcluso de la investigación sobre su contratación en un sindicato intervenido, el SOMU. Fue visible el costo para el Gobierno, incluida la imagen presidencial. Y abre dudas al mismo tiempo acerca de su figura como referencia para las negociaciones con las estructuras sindicales, según se admite de manera reservada en medios oficialistas.
Siempre el mantenimiento de un funcionario cuestionado es tema de controversia política, aun en el plano del más descarnado pragmatismo. ¿Es un síntoma de fortaleza o una señal de ensimismamiento en el círculo del poder?
La respuesta seguramente podrá medirse en el tiempo, pero en lo inmediato el punto es si el sostenimiento del ministro abre un flanco vulnerable en su propia tarea, cuando otros mensajes del Gobierno tienden a bajar la tensión y, de ser posible, aislar y por lo tanto debilitar a dirigentes que expresan posiciones de creciente dureza por distintas razones, algunas de evidente sentido defensivo en el plano personal y en el corporativo.
El movimiento más evidente en esa dirección fue la decisión de desarmar el paquete de la llamada reforma laboral, un conjunto de iniciativas disímiles que ahora serían impulsadas una por una para evitar el rechazo sindical y facilitar las conversaciones con el peronismo parlamentario. Fuentes del Gobierno señalan que la cuestión ya viene siendo charlada con los jefes de los bloques afines a los gobernadores del PJ, que reclamaban apoyo cegetista al proyecto y que, en rigor, buscan no repetir «situaciones de estrés» –dicen- como las vividas con la aprobación de la ley de cálculo jubilatorio y la reforma tributaria.
El oficialismo apuntó a borrar ese punto del temario sindical. El rechazo a la reforma, acordada en principio por la cúpula de la CGT, se había transformado en el escudo que los jefes sindicales ahora más duros levantaban frente a Mauricio Macri. Esa posición era a su vez una especie de corsé de hecho para los referentes sindicales más conversadores: casi no dejaba espacio para el juego individual, al menos público.
Ese tema empezó a diluirse. Y opera además como marco del contrajuego de imágenes que explota el oficialismo. La ofensiva sindical pretendida como bloque podría quedar ceñida entonces a Hugo y Pablo Moyano y Luis Barrionuevo como principales expresiones. Y podría ser visualizada como reacción exclusiva frente a sonoras investigaciones judiciales. Hechos como las declaraciones de Barrionuevo o la increíble descalificación moyanista de Graciela Ocaña, los guiños a Roberto Baradel y las señales al kirchnerismo duro –empezando por la ex presidente- facilitarían la respuesta macrista.
En la misma línea de descomprimir y abrir el juego al resto del sindicalismo, empezando por los «gordos» y los «independientes», funcionarios de primera línea del Gobierno admiten que el objetivo de negociaciones salariales con techo del 15% y sin cláusula gatillo es una referencia para tratar de marcar la cancha. Evitan ser tajantes y prefieren aclarar que se trata de «paritarias libres». ¿Y la cláusula gatillo? Señalan que no es necesaria, pero la cuestión parece no estar del todo saldada al interior del Gobierno.
Hay una línea que suscribe el Presidente según la cual ese mecanismo de ajuste automático genera expectativas inflacionarias. Otros, en cambio, creen que descomprime, porque permitiría cerrar sin problemas acuerdos alrededor del 15%. De lo contrario, en la perspectiva de que la meta oficial sea desbordada otra vez, difícilmente los gremios cierren trato por debajo del 19 o 20 por ciento.
Puede ser –según algunas especulaciones- que invertir el tironeo sobre la cláusula gatillo termine siendo un elemento de negociación. El mecanismo, en rigor, fue impuesto desde el ámbito oficial como reaseguro en varias negociaciones, hace un año, y fue determinante sobre todo en paritarias con gremios estatales. Allí, precisamente, emerge ahora el problema.
En medios oficiales dicen que en el caso de los estatales nacionales, existe cierto margen para la pulseada por encima del 15%, tal vez dos o tres puntos más. Pero la cuestión más delicada es el mecanismo automático de recomposición en el caso de las provincias, en especial Buenos Aires. Para Vidal, la cláusula gatillo, rechazada de arranque por los gremios docentes, fue central para desarticular finalmente el largo y desgastante conflicto del año pasado.
«No va a ser fácil ahora», resume una fuente cercana a la gobernadora. Entre otras cosas, porque la paritaria docente fue abordada casi siempre en el marco de referencia de los acuerdos previos con otros gremios estatales de la provincia. Este año, en cambio, todo está aún en veremos. El «pedido» nacional de 15% sin gatillo es una complicación evidente.
El gobierno bonaerense supone que es probable que se produzca una muy dura pulseada con los docentes, sobre todo con Baradel. Creen que tal vez no sea de la magnitud que alcanzó en 2017, pero señalan que nada proyecta un horizonte sencillo. Entre noviembre y diciembre pasados, se desarrollaron conversaciones «técnicas» entre los sindicatos y funcionarios. Después, se produjeron algunos contactos, aunque no superaron la condición de tanteos informales. Y en dos semanas, dicen, comenzarían las conversaciones de fondo. Se verá entonces qué flexibilidad existe en los porcentajes y en alguna garantía de ajuste posterior.
Por otro sendero transitan las conversaciones con las organizaciones sociales. La semana pasada, quedó expuesta la relación de confluencia y a la vez de competencia entre esos sectores. Barrios de Pie realizó una protesta y movilización por su cuenta, que no fue acompañada por el Movimiento Evita ni la CCC. En Desarrollo Social afirmaron que ese gesto unilateral demoró una cita con todas las organizaciones.
El principal punto en discusión es la instrumentación de una «tarjeta de apoyo alimentario», que sería puesta en marcha antes de fin de febrero. Operaría de modo directo como una tarjeta de débito con carga de unos 2.000 pesos mensuales sólo para la compra de alimentos. Las negociaciones, si se encarrilan como estaba previsto, podrían derivar en una nueva cita de la mesa que integran Desarrollo Social, Trabajo, los movimientos sociales y representantes de la Iglesia Católica.
En ese ámbito, la carga más pesada es llevada por Stanley. La mayor actividad para Trabajo, claro, está en el frente sindical. Triaca tendrá entonces su propia prueba.
