Si todavía hay ilusos que creen que el gobierno de Mauricio Macri es de ricos y para ricos debería estar revisando esa certeza. El círculo rojo argentino vive en las últimas semanas en estado de shock permanente, algunos muy enojados, otros paralizados, más de uno -literalmente- llorando. Todos preparándose para el peor año en mucho tiempo. Los más optimistas esperan que sea el peor en la última década, los pesimistas temen que para las grandes empresas sea el peor de la democracia.
Las empresas que cotizan en la Bolsa, en su conjunto, valen hoy menos de la mitad que hace un año atrás. El índice Merval, medido en dólares, valía u$s 1800 en enero y hoy vale u$s 800. La nota en el Wall Street Journal, que tuvo como principal nota de tapa una foto a cinco columnas con los oficiales de la Policía Federal Argentina formados frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner durante el allanamiento, por cierto, no los ayudó.
Aquí y en Wall Street, las empresas argentinas pierden valor a diario, los tenedores de bonos argentinos salen -y perdiendo- en estampida y, por si fuera poco, empresarios medianos, grandes y muy grandes están sometidos al escarnio público por la más importante investigación contra la corrupción, un drama que pone a la Argentina a tono con las otras democracias de la región.
«En finanzas no hemos tenido años tan malos como éste desde 2008, cuando se produjo la crisis de los préstamos subprime, que llevó a la quiebra a los bancos de inversión Bear Stearns y Lehman Brothers», explicó un operador de la City a Infobae.
Los que no paran de recibir consultas son los estudios de abogados de las empresas denunciadas o que están esperando por ese momento en que aparezcan en la lista negra. Acogerse a los beneficios de la ley 27304, conocida como «del imputado arrepentido» es la única alternativa posible si quieren salvar sus empresas.
«Ninguno puede aducir que no imaginaba este escenario, con nuestros clientes lo hablamos en reiteradas oportunidades porque es evidente que se trata de una tendencia regional, imposible de evitar», aseguró un letrado que forma parte del equipo de asesoramiento a una de las grandes compañías involucradas en el Lava Jato local. ¿Entonces estaban preparados?, preguntó Infobae, con sorpresa. «En parte sí, por eso no tardaron en presentarse, y lo hicieron apenas revisamos el expediente y diseñamos la estrategia», fue la respuesta.
En su opinión, lo extraño fue que la agenda anticorrupción ocupara tan tarde el escenario en la Argentina. «Las empresas con sede en los Estados Unidos saben muy bien desde 1998, cuando se realizó una enmienda a a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero para que puedan investigarse y sancionarse empresas y personas extranjeras que operan en territorio americano. Era obvio que se iban a extender normativas similares a los demás países, llegó a la Argentina 20 años después pero iba a llegar en algún momento», explicó.
Otro abogado consultado, socio de un estudio que podría tener un citado por el juez Claudio Bonadio, reconoce que tampoco es un tema nuevo para ellos. Experto en legislación sobre lavado de activos, una agenda a la que se dedicó un think thank ad hoc que se realizó antes de que Cambiemos llegue al Gobierno, puso como ejemplo la ponencia que realizó el ex secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, en la Universidad de Austin, Texas, antes de realizar un viaje por países de la región, que incluyó a la Argentina.
Allí, el funcionario que fue despedido por el temperamental Donald Trump por Twitter, le dijo a los latinoamericanos presentes que «nuestras naciones tenían que alentar la transparencia y eliminar la corrupción», aspectos que debían adoptar «por completo». «Las instituciones y gobiernos sólidos que rinden cuentas a su pueblo también aseguran su soberanía frente a los posibles actores depredadores que ahora se muestran en nuestra hemisferio», dijo Tillerson.
Cuando el ex titular del Departamento de Estado hablaba de «actores depredadores» estaba pensando en China. Y no lo ocultó. «China es ahora el mayor socio comercial de Chile, Argentina, Brasil y Perú», pero «América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solo busquen beneficiar a su propio pueblo. El modelo de desarrollo liderado por el estado de China es una reminiscencia del pasado. No tiene que ser el futuro de este hemisferio». Fuerte, pero hay más.
La VIII Cumbre de las Américas que se realizó en abril de 2018 en Perú fue bajo el lema de «Gobernabilidad democrática frente a la corrupción». Y el 14 de abril en Lima, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio firmaron un compromiso donde se puso de relieve que «Destacando que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestros países, y que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y tiene un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las población de nuestro Hemisferio».
Y se comprometieron a fortalecer las instituciones democráticas de combate contra la corrupción, la autonomía del poder judicial, el desarrollo de la cultura de la transparencia, entre otros instrumentos que fortalezcan la gobernabilidad democrática. Fue después de la crisis provocada por el Lava Jato en Brasil, que llevó a grandes investigaciones que cambiaron la agenda política en Perú, Panamá, Colombia, México, El Salvador. Argentina y Angola eran los únicos países que habían quedado al margen.
Pareciera, entonces, que Andrés Larroque tiene razón y estamos en presencia de una «conspiración internacional contra los movimientos populares» y entonces la ley del arrepentido «fue fabricada en los laboratorios de la CIA para quebrar a las personas con el objetivo de extranjerizar totalmente a la Argentina». «Fueron por la política, por los sindicatos, por los movimientos sociales y van a ir por lo que queda del empresariado nacional», dijo el diputado que es secretario general de La Cámpora.
Es un argumento fantástico. Igual que Cristina cuando habló en el Senado, no niega el robo sistemático como práctica para el ejercicio del poder. Por el contrario, como los Montoneros cuando secuestraron a los Hermanos Born, Larroque, la ex presidenta y sus seguidores deben creer que no es posible el poder político sin el poder económico. Néstor robaba para ser poderoso, para poder sentarse de igual a igual con los Rocca, los Pagani, los Roggio, para imponerles sus reglas. Esa fue su prioridad. Los pobres podían esperar, después de todo siempre hubo pobres. Tampoco importaba si no podíamos exportar más gas, así podíamos usarlo para el mercado local, y cuando nos quedamos sin gas mejor, lo importamos y así podemos robar más y tener más poder.
Obviamente, ese modelo no podía durar. Primero, porque es antidemocrático. Segundo, porque es económicamente insostenible. Tercero, porque es venal y, claramente, antipopular: nadie serio puede concebir que el consumismo de corto plazo representa a un gobierno popular.
Si Estados Unidos impulsó la legislación anticorrupción en las democracias latinoamericanas para que sus empresas no pierdan frente a las que tenían posibilidades de pagar coimas, hizo algo que fortalece las democracias representativas de la región, para hacerlas más viables y transparentes.
La cartelización, como dijo Cristina, no empezó el 25 de mayo de 2003. Tampoco la fantasía de que Argentina podrá imponer sus reglas al mundo, una mochila de falsa magia que cargamos hace más de 70 años.
Lo normal es que el país acepte las normas de anticorrupción, las ponga en consonancia con lo que sucede en las democracias más modernas del mundo, y pague los costos por haber creído que podía hacer cualquier cosa.
Lo lógico, además, es que Mauricio Macri se apure a proteger las empresas argentinas del colapso y garantice que el crecimiento de este año no sea peor al uno por ciento abajo, que ya se descuenta.
