La ONG Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad ensayó hoy una prueba para intentar frenar el aumento de gas dispuesto por el Gobierno a nivel nacional. Presentó un amparo con el objetivo de que la medida quede en suspenso hasta tanto se cumplan una serie de requerimientos legales que a su entender se soslayaron.
El escrito ingresó en el Juzgado Federal Nro. 4 de La Plata a cargo de Alberto Recondo y fue acompañado con el respaldo de legisladores bonaerenses del FpV. El texto sostiene que la orden del Ministerio de Energía desconoció el derecho constitucional a la participación ciudadana para efectuar aumentos tarifarios.
La ONG planteó que la suba sin la existencia de una audiencia pública previa «va en contra de la Constitución Nacional, suprimiendo la posibilidad de los ciudadanos a presentar objeciones al aumento ya sea personalmente, como también a través de las asociaciones de consumidores», según se informó en un comunicado.
«Esta medida cautelar busca garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, debido a que cualquier procedimiento administrativo que involucra a toda la población y no emite participación a la ciudadanía a través de asociaciones de consumidores, el defensor del Pueblo y otros organismos afectados, lesiona el derecho constitucional a participar y ejercer el derecho», indicó el abogado, Augusto Martinelli, quien junto a un grupo de dirigentes del FpV se reunió con Pedro Sisti, representante de la ONG.
