Después de un «tira y afloje» que se extendió durante varias semanas, y en un extraño caso de cooperación y colaboración entre el oficialismo y la oposición dentro y fuera del Congreso, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de emergencia alimentaria, y todo está dado para que la semana que viene el Senado convierta el proyecto en ley.
Con 222 votos a favor y solo una abstención (la diputada de la izquierda Mónica Schlotthauer) la Cámara baja aprobó la iniciativa impulsada por la oposición. Si el Senado aprueba el proyecto, tal como está previsto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación le costará al Estado unos $10.489 millones.
La norma que llegará a la mesa de entradas de la Cámara alta establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002.
Además, enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un «incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
En ese sentido, el proyecto faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del año que viene, «y hasta que dure la emergencia», a «actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)».
Por otro lado, la norma le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias» para que se lleve adelante «un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
El origen del reclamo
El reclamo por la sanción del proyecto empezó hace varias semanas y sus principales impulsores fueron la cúpula de la Iglesia católica y las organizaciones sociales, tanto las que son más cercanas al Frente de Todos como las que no responden a ese espacio.
Algunos días después se sumó al pedido un grupo de intendentes peronistas bonaerenses, que respaldaron la demanda de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Corriente Federal de los Trabajadores, entre muchas otras organizaciones.
Si bien en el oficialismo trataron de bajarle el tono al reclamo y aseguraron a Infobae que el Gobierno estuvo «aumentando la comida en comedores y reforzando la compra de alimentos por sistemas de compra de emergencia», el principal argumento del Poder Ejecutivo para desestimar el pedido fue que la emergencia alimentaria ya estaba contemplada en dos leyes, un decreto firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y un proyecto del oficialismo de 2016.
A poco de asumir, el ex gobernador bonaerense impulsó un DNU que estableció la creación del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional «destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza». La ejecución de esa iniciativa, que ratifica «el deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía», cae bajo la responsabilidad del gobierno nacional junto a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires.
Además, el oficialismo aseguraba que una norma sancionada por el Congreso en 2016 consensuada entre los bloques del Congreso, el Gobierno y agrupaciones sociales como el Movimiento Evita, CTEP y Barrios de Pie declaró la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispuso la creación de dos órganos: el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP).
Esa ley le da poder a la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña para que efectúe las «reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias» hasta un monto de $25 mil millones durante el plazo de vigencia de la ley y, en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta $5 mil millones.
