Jiménez indicó que se tomó esa decisión para “que cesen los cierres de vías, las manifestaciones violentas y los ataques en distintos lugares de nuestro país”, y exige como respuesta “la libre movilidad de personas y de bienes, especialmente alimentos y medicinas, y que la protesta social se realice dentro del marco de la ley”.
El presidente Lasso ya venía enfrentando tres pedidos de revocatoria de mandato que están en trámite en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que también fueron planteados en contra del vicepresidente, Alfredo Borrero.
Kerly Carvajal Ordóñez, quien se identificó como presidenta de la Coordinadora Popular por la Revocatoria de Lasso y Borrero, extendió el pedido el 25 de mayo pasado. Junto con Carvajal estuvo Ángel Tipantuña Vega, dirigente indígena de Cotopaxi, quien años atrás fue secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades.
Según la Secretaría General del Consejo Electoral, los tres pedidos cumplieron con los requisitos formales para la presentación, como las copias de cédula de los solicitantes y el plan de trabajo de Gobierno certificado por el CNE, que se alega ha sido incumplido.
En tanto, Correa en su mensaje menciona el artículo 148 de la Constitución en referencia a que Lasso deje el cargo.
Este artículo se refiere a que el presidente puede disolver la Asamblea Nacional generando así la denominada “muerte cruzada”.
“La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”, resume el artículo.
También se detalla que, en caso de ejecutarse, es el CNE quien convoca para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.
En este tipo de situaciones, la Asamblea Nacional va a su “casa” y el mandatario podrá seguir gobernando expidiendo decretos-leyes, de acuerdo con el constitucionalista André Benavides.
Fuente: MinutoUno
