España vive unos tensos momentos. El conflicto entre el Gobierno central y Cataluña puede llegar a un punto de inflexión este viernes. Mientras el presidente Mariano Rajoypide la autorización del Senado para poder proceder a la intervención de la comunidad autónoma, el Parlamento catalán debate si declara o no la independencia.
Los partidos separatistas de Cataluña presentaron este viernes una resolución al pleno del Parlamento catalán en la que desean declarar la independencia de esta región señaló un portavoz de la coalición de gobierno. «Declaramos Cataluña como Estado independiente en forma de República», se afirma en el preámbulo de la propuesta de resolución presentada por los independentistas, con mayoría absoluta en la cámara regional.
Paralelamente, el gobierno español pidió permiso al Senado para aplicar una amplia batería de medidas con las que intervenir la autonomía catalana y atajar las ambiciones independentistas de sus actuales autoridades. Las disposiciones se amparan en el artículo 155 de la Constitución española, nunca empleado de lleno desde la restauración de la democracia.
Entre ellas, el ejecutivo central de Rajoy quiere destituir al gobierno regional, liderado por Carles Puigdemont, supervisar la actividad del parlamento catalán o tomar control de la policía.
Pese a las presiones de grandes empresas catalanas, de la justicia y del Estado español, Puigdemont siguió con la defensa de su proyecto. En una confusa sesión del parlamento catalán el 10 de octubre, dijo asumir «el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República» pero pidió suspender «los efectos de la declaración de independencia».
El jueves, descartó convocar unas elecciones regionales y frenar sus planes de independencia, para evitar la intervención de la autonomía catalana, y delegó en el parlamento regional la respuesta a la aplicación del artículo 155, que podría ser la proclamación de la independencia.
Puigdemont es objeto de una investigación por «desobediencia», «prevaricación» y «malversación de caudales públicos» por la organización del referéndum prohibido del 1 de octubre, cuya represión policial fue tapa de los principales medios del mundo. Si declara la independencia, puede ser acusado de rebelión, un delito penado con hasta 30 años de prisión.
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