Durante dos días consecutivos, la Justicia de Chubut ordenó a la policía provincial y Gendarmería nacional a desalojar a la comunidad mapuche Pu Lof, del departamento de Cushamen, que reclama la tenencia de tierras ancestrales bajo propiedad del empresario italiano Luciano Benetton. Anoche se produjo el operativo más cruento: la represión tuvo como resultado tres manifestantes heridos, uno de ellos con una severa fractura de mandíbula.
«Gendarmería y la Policía entraron cerca de las 20 a la comunidad y efectuaron disparos. No sabemos si fueron municiones de goma o de plomo, pero tres de nuestros hermanos están heridos», señaló a la agencia Télam Soraya Maicoño, vocera del grupo indígena.
«Llegó infantería y así como llegaron, se bajaron de la camioneta y empezaron a disparar a quemarropa», contó Sonia Ivanoff, abogada de los indígenas.
La acción policial fue ordenada por el juez federal Guido Otranto, con el objetivo de liberar las vías en la zona de la estancia Leleque, en el oeste de Chubut. Comenzó a las primeras horas del martes pasado, con un primer operativo que cortó los acceso a la comunidad. Se hicieron dos allanamientos para remover los obstáculos materiales y objetos que desde hace un mes y medio impedían el tránsito del tren turístico de trocha angosta, conocido como La Trochita, que va de El Maitén a Esquel.
Aquellos procedimientos también alcanzaron altos niveles de violencia. Hubo un despliegue de 21 móviles policiales, entre ellos dos colectivos, un camión hidrante, un camión de carga, un helicóptero, caballos, drones y numerosos furgones y camionetas, informó la revista digital Veintitrés.
«Reprimieron a mujeres y niños. Se llevaron animales, rompieron las casas y no sabíamos a dónde llevaban a los detenidos», denunció María Isabel Hualla, madre de uno de los detenidos. «Eran más de 200 gendarmes contra diez mapuches, vinieron con drones, tanquetas, carros hidrantes. Hasta un avión hidrante llegó al lugar», agregó la mapuche.
Por su lado, el juez Otranto informó que hubo cinco gendarmes heridos a raíz de los piedrazos de los manifestantes. Todos se recuperan favorablemente.
Los activistas denunciaron que son once los detenidos del grupo «Lof Resistencia Cushamen», que se encuentran encarcelados en la Unidad Penal 14 de Esquel por «resistir violentamente» a la orden judicial y entorpecer el transporte público.
El defensor oficial Fernando Radziwilowski, del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, presentó un hábeas corpus para exigir su libertad. Hasta ahora, el juez Otranto rechazó las excarcelaciones de tres de los detenidos, mientras que el resto aún no contaban con fecha de audiencia judicial.
El conflicto entre el grupo «Lof en resistencia de Cushamen» y la transnacional Benetton data desde hace años, y está vinculado a los derechos de propiedad de miles de hectáreas de la Patagonia argentina.
Las tierras fueron vendidas al empresario textil italiano en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem, pero los mapuches reclaman su tenencia. En marzo de 2015, resolvieron ocupar esos terrenos.
Según la postura de los activistas, el pueblo mapuche fue despojado violentamente de las tierras ancestrales en disputa durante la campaña de la Conquista del Desierto, y aseguran que hay documentos históricos que lo acreditan.
Protestas contra el accionar policial
Partidos políticos, organizaciones sociales, representantes de los pueblos originarios y dirigentes cuestionaron la represión a los mapuches. En la Ciudad de Buenos Aires, agrupaciones de derechos humanos y partidos de izquierda protestaron ayer a la tarde frente a la casa de Chubut y pidieron la liberación de los activistas presos.
«La orden emitida (por parte de la Justicia) no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales», indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en un comunicado.
Otro escrito similar difundió la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en el que expresó su rechazo a la violencia institucional. «La orden de desalojo de la justicia federal fue operativizada con una desproporción de fuerzas escalofriante. No eran más de 20 personas cortando las vías. Fueron cientos de gendarmes de los cuerpos de elite. Golpearon, maltrataron y dañaron casas, huertas y el ganado», explicó Carlos González Quintana, de la Asamblea Permanente por los Derecho del Hombres (APDH).
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, responsabilizó por la gravedad de los incidentes a la comunidad mapuche. «Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera», sostuvo el mandatario en una rueda de prensa.
