En el convulso mapa delictivo del sur del Conurbano bonaerense, una organización criminal se destacó por una eficacia casi militar y una logística de asombrosa celeridad.
Denominada por los investigadores como la «Banda de los Encapuchados», esta estructura delictiva logró ejecutar un millonario asalto de $50 millones de pesos en un lapso ínfimo de 75 segundos, evidenciando un nivel de planificación que solo se explica tras el hallazgo de una pieza clave en su engranaje: la participación activa de un efectivo policial.
La investigación, que culminó recientemente con la detención de tres sospechosos, ha dejado al descubierto un modus operandi donde la violencia y la cronometría se daban la mano, sembrando el terror en comercios mayoristas y financieras de la zona de Quilmes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
El hecho más significativo que se le imputa a la banda ocurrió en la firma de productos ganaderos Marbel S.A., ubicada estratégicamente cerca del arroyo Las Piedras. Con la precisión de un reloj suizo, los delincuentes irrumpieron en el establecimiento utilizando una camioneta robada en un asalto previo. Mientras una facción reducía al chofer de un camión de carga, el resto se dirigió directamente a la administración.
En apenas un minuto y quince segundos, los asaltantes se hicieron con dos cajas que contenían la suma de $50 millones, huyendo antes de que las fuerzas de seguridad pudieran reaccionar. Esta rapidez no fue fortuita; los investigadores sostienen que el grupo contaba con información de inteligencia interna y una coordinación táctica superior.
«Los hechos fueron extremadamente violentos. No dudaban en efectuar disparos contra las paredes para amedrentar a las víctimas, buscando la sumisión inmediata para cumplir con sus ajustados tiempos de escape», explicó una fuente cercana a la investigación, cita en su nota Clarín.
Nueve días antes del golpe millonario, la banda había dejado su huella en el mayorista «El Polaco», en la intersección de la calle 187 y Roque Cisterna. En aquella oportunidad, cinco encapuchados descendieron de un Volkswagen CrossFox y, en tres minutos, despojaron al comercio de dinero en efectivo y una camioneta Renault Oroch, vehículo que luego sería utilizado como herramienta logística en el asalto a Marbel S.A.
A pesar de su aparente profesionalismo, este evento dejó dos pistas vitales, ya que por un lado el vehículo original no arrancó durante la huida, obligando a los delincuentes a empujarlo a cara cubierta.
Además, las cámaras de seguridad captaron el momento en que, aparte del botín, uno de los ladrones sustraía una caja de vinos, un detalle que permitiría trazar perfiles conductuales.
El avance de la causa, liderada por el Dr. Javier Barrera, Fiscal subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Quilmes, junto al secretario de la fiscalía Cristian Hernández, permitió identificar un patrón de fuga: el uso recurrente de un Nissan Versa para el trasbordo de los delincuentes.
La sorpresa para los investigadores del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense llegó al interceptar dicho vehículo en Quilmes Oeste. Entre los detenidos se encontraba un Sargento de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Florencio Varela. Al momento de su captura, el oficial portaba su pistola 9 milímetros reglamentaria con una bala en la recámara, lista para ser utilizada.
Debido a la implicación de un miembro de la fuerza provincial, el Ministerio de Seguridad bonaerense dio intervención a la Policía Federal Argentina (PFA) y a la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), que dispuso la desafectación inmediata del efectivo.
A pesar de la contundencia de las pruebas y los registros fílmicos, los tres detenidos se acogieron al derecho constitucional de negarse a declarar. La justicia ahora se enfoca en identificar al resto de los integrantes —al menos dos más— que permanecen prófugos y que habrían participado en la ejecución material de los asaltos.
Este caso vuelve a poner en la agenda pública la problemática de la «fuerza propia» infiltrada en organizaciones criminales y la necesidad de profundizar los controles internos en las unidades de prevención local.
