El ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, rechazó la iniciativa del gobierno nacional de intervenir y expropiar Vicentin, una de las principales empresas alimenticias de la Argentina.
En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, planteó: “Si sobra un peso, hay que usarlo para las pymes, que sienten que el esfuerzo de toda la vida se les está yendo”. “Ese recurso y esa energía tiene que estar destinada a salvar el entramado productivo y no en socializar un problema de un grupo empresario que ellos, por su cuenta en el marco del concurso de acreedores, tienen que ver cómo salir de este lío”.
El ex funcionario del gobierno de Cambiemos analizó: “Si el Estado tiene que meterse en un concurso con el objeto de salvar fuentes de trabajo en el sector más competitivo del país, a partir de ahora va tener que meterse en todos los concursos de otros sectores menos competitivos donde hay más probabilidad de que se pierdan empleos”.
El presidente Alberto Fernández anunció ayer la expropiación de Vicentin. Dijo que es un “rescate” de una empresa quebrada en un sector estratégico para el país, como el comercio de granos. Además, negó incidencia de Cristina Kirchner en la medida pese a la participación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, aliada K.
Además de poner de relieve que hoy el país tiene otras urgencias, como vencer la pandemia de coronavirus y asistir a los monotributistas que están cerrando sus locales, Frigerio apuntó además a un tema recurrente en la historia argentina: la alteración de las reglas de juego.
“No es un tema para la academia, tiene que ver con que así nos va bien o nos va mal. Y esto es una empresa privada concursada y es la justicia la que tiene que garantizar que se mantengan las fuentes de trabajo. El Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer en una empresa privada que ya está bajo la administración de la Justicia y esto es importante porque después podemos perder el juicio», desarrolló.
Frigerio apuntó además a la tendencia de los gobernantes de no aprender de los errores del pasado. Recordó: “Hace 20 años hicimos algo similar con Aguas Argentinas, lo llevaron a juicio y todos los contribuyentes terminamos pagando 250 millones de dólares; lo mismo sucedió con Aerolíneas, que nos salió 350 millones de dólares y con YPF, que pagamos 5 mil millones de dólares y hay un juicio que no sabemos qué va a pasar».
“¿Quién piensa en un contribuyente cuando un funcionario toma estas decisiones?”, se preguntó.
Gabriel Delgado, un economista del INTA de mucha confianza de Fernández, será el interventor en la compañía. Es un ex secretario de Agricultura que sonó para ser ministro casi hasta último momento en el que fue elegido Luis Basterra.
La administración pública nacional tomaría el control de, 51% de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por USD 350 millones que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una acreencia total de USD 1.350 millones.
Según pudo saber Infobae, el “rescate” de Vicentin tiene tres objetivos: la recuperación y pago de deudas a productores de interior, renegociación con los bancos acreedores y paz social y estabilidad laboral con gremios. Ese ese sentido, el Ejecutivo también podría impulsar leyes destinadas al aumento de la producción agrícola, incentivos a la exportación de proteínas para humanos y fomento de la biotecnología.
La medida anunciada había sido pedida por un grupo de funcionarios, dirigentes políticos e intelectuales se convierta en una empresa pública no estatal “bajo control político y social”. Hace una semana Claudio Lozano, director del Banco Nación; Victoria Donda, titular del Inadi; y Pino Solanas, embajador ante la Unesco encabezaron una carta en donde pedían la nacionalización de la empresa frente a la posibilidad de que las “maniobras fraudulentas” llevadas a cabo por el grupo empresario contra la banca pública, productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción.
