El fiscal federal Guillermo Marijuán requirió la elevación parcial a juicio oral de la causa conocida como la «ruta del dinero K». El funcionario judicial solicitó que sean juzgados el empresario kirchnerista Lázaro Báez; sus hijos, Martín, Leandro, Luciana y Melina. Además de los Báez, el fiscal Marijuán pidió que sean sometidos a juicio oral y público otros veinte imputados entre los que figuran Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Jorge Chueco, y Sebastián y Daniel Pérez Gadin. El delito que se les imputa es lavado de activos.
Para Marijuán todos participaron de una estructura que canalizó fondos de origen ilícito por una suma cercana a los 60 millones de dólares. Ese dinero -de acuerdo con la acusación- fue suministrado por Lázaro Báez. «Se ha corroborado que desde fines del año 2010 se pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero, con Lázaro Antonio Báez a la cabeza», afirmó el fiscal en su dictamen.
Muchas de las personas que lo auxiliaban al empresario K en esa tarea realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos con el dinero obtenido a partir de su participación en la estructura societaria y bancaria para canalizar los fondos espurios aportados por Báez.
En la mayoría de los casos, sostuvo Marijuán, las personas involucradas en las maniobras carecían de una actividad comercial y capacidad económica que les permitiera justificar el incremento patrimonial que experimentaron a partir de las operaciones financieras y adquisiciones que hicieron y que son investigadas en esta causa.
De esta manera, mediante distintas maniobras, los imputados formaron parte del proceso por el cual se logró disimular la procedencia ilícita de los fondos ingresados al circuito legal.
