Veintes autos, la mayoría de alta gama, que fueron secuestrados a bandas delictivas durante procedimientos policiales, serán rematados en un mes en la provincia de Santa Fe.
El gobierno provincial que conduce el socialista Miguel Lifschitzreglamentó la Ley Provincial N° 13.579 en marzo de este año, que establece el decomiso de los bienes provenientes del delito, y que permitirá por primera que en la provincia se subasten bienes recuperados de actividades ilícitas.
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que lidera Matías Figueroa Escauriza, será la encargada de administrar los bienes decomisados. El dinero obtenido en la venta de esos artículos será derivado a la secretaria de Gestión Pública, perteneciente al Ministerio de Justicia santafesino, para que se disponga la utilización del monto recaudado a políticas sociales.
Según le explicó Figueroa Escauriza a Infobae, el dinero servirá para comprar «tomógrafos para los Hospitales o computadoras para escuelas públicas». Solo dos ejemplos del destino que tendrá el dinero recaudado con la venta de los materiales incautados.
Entre los primeros autos que se rematarán hay modelos de BMW, Audi, Mini Cooper, Chevrolet, Peugeot y Volkswagen. El gobierno santafesino espera recaudar cerca de 3 millones de pesos con la subasta. El remate sería entre septiembre y octubre de este año.
La Aprad comenzó a funcionar hace poco más de dos meses como un órgano para implementar la administración de los bienes recuperados. En su poder ya tiene 130 autos, 150 computadoras y 200 celulares.
En el caso de los autos incautados, el estado santafecino debe cumplir con un proceso que está descripto en la ley antes de que sean rematados. Durante un período de seis meses los vehículos no pueden ser vendidos. En el caso que no tengan que formar parte de ninguna medida probatoria o de un peritaje judicial, los autos quedarán a disposición de la Aprad, que llevará adelante los últimos pasos del proceso antes de venderlo.
En primer lugar, la agencia le pide autorización al Registro del Automotor de la provincia para poder modificarle la patente al auto, ya que son vehículos que pueden haber sido utilizados para hechos delictivos y estaban en poder de bandas criminales . Luego, a través de un convenio firmado con el colegio de martilleros de Santa Fe y Rosario, se sortea un martillero que diriga el remate. Por último, se pone un lugar, un día y una hora determinada para que los autos se rematen y cualquier ciudadano pueda comprarlos.
Figueroa Escauriza advirtió que el gobierno provincial avanzará sobre un enorme desarmadero que fue desbaratado durante un operativo policial. «Hay más 500.000 piezas y 250 autos apilados. Todo ese material se va a compactar, se va a vender y el dinero se utilizará para políticas sociales», afirmó.
La aplicación de la ley provincial va en sintonía con el proyecto de extinción de dominio que recibió el respaldo del Senado de la Nación la última semana. En ambos casos, los bienes decomisados quedan como patrimonio del Estado y son utilizados en políticas que beneficien a la sociedad.
Por otra parte, la justicia de Santa Fe desbarató una red de prostitución en Melincué y fueron decomisas 4 casas en donde estaba instalado el prostíbulo. Los inmuebles fueron transferidos al estado provincial a través del cambio de titularidad registral del dominio, de esa forma los dueños, que formaban parte del negocio, fueron despojados del inmueble.
«Las casas quedaron a nombre de la provincia y serán utilizadas con fines sociales», explicó el titular de la Aprad.
