La Bicameral de Tratamiento Legislativo que debe analizar la validez del mega Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei -y de todos los DNU presidenciales futuros- quedó finalmente constituida, tras una reunión cargada de tensión.
El primer tema que abordó la comisión en el encuentro de este jueves en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo fue la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) para designar al senador de La Rioja de ese partido, Juan Carlos Pagotto, como presidente de esta estratégica comisión integrada por 16 miembros de ambas cámaras parlamentarias, cuya titularidad este año le corresponde al Senado.
Desde el inicio de la sesión hubo reclamos de Unión por la Patria (UxP), que denunció que la Bicameral debió haberse confirmado hace 74 días, pero el presidente de Diputados, Martín Menem, recién envió los nombres la semana pasada, y que en “no se respetó la proporcionalidad” a la hora de integrarla, ya que a la bancada K le dieron 6 lugares en lugar de los 8 que, aseguran sus miembros, le corresponden.
La designación de autoridades de la comisión demoró dos horas de debate que incluyó cruces entre el oficialismo, el PJ-K y bloques “dialoguistas”. Finalmente, el libertario Pagotto fue designado como presidente del cuerpo, que también sometió a votación el cronograma de reuniones: se resolvió que se reúna todos los jueves.
El kirchnerismo insiste en que los plazos están vencidos y apuesta a llevar directamente, lo antes posible, el mega DNU al recinto de ambas cámaras para intentar rechazarlo. “A partir del 19 de enero las dos cámaras están habilitadas a su tratamiento y la presidenta del Senado impide el funcionamiento como maniobra dilatoria. Victoria Villarruel incumple los deberes de funcionarios públicos por no convocar a sesión especial”, dijo Carolina Gaillard, integrante de la comisión por el bloque de UxP de Diputados.
“No parecen un grupo parlamentario, parecen un grupo de patoteros. Nos vienen a patotear porque consiguieron un número más, que les dura poco. No se trabaja así en el Parlamento”, se quejó José Mayans, el jefe del PJ-K en el Senado, que rechazó como “maniobra dilatoria” la intención de La Libertad Avanza y parte de la oposición de analizar primero los 170 decretos de gestiones pasadas que nunca fueron tratados.
La Comisión Bicameral está compuesta por 16 legisladores: ocho diputados y ocho senadores. Mientras que la presidencia le corresponde a la Cámara Alta, por lo que se espera que quede en manos de Juan Carlos Pagotto, senador por La Libertad Avanza en La Rioja.
Los ocho senadores que integrarán la bicameral son Pagotto (LLA), los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González; los peronistas disidentes Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal); el radical Víctor Zimmmerman y Luis Juez (PRO).
Mientras que los representantes de la cámara baja son: Zago (jefe de bloque) y Lisandro Almirón por La Libertad Avanza; Vanesa Siley, Gutiérrez y Gaillard por el kirchnerismo; Hernán Lombardi de Juntos por el Cambio; Francisco Monti por el radicalismo y Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal.
Con el apoyo de la LLA y el PRO asegurados, la duda pasa por cómo se moverán el radicalismo y los bloques “federales” más ligados a gobernadores. La UCR se encuentra divida internamente sobre el tema. Una parte de los espacios “federales” acompaña y otra parte tiene reparos sobre el mega DNU, tanto por su contenido como por el instrumento en sí, pero no han manifestado hasta ahora intenciones serias de hacerlo caer. Este jueves, el senador Romero planteó también la necesidad de discutir decretos pendientes. El diputado Massot, por su parte, pidió establecer la obligatoriedad de las reuniones de la Bicameral.
La oposición no kirchnerista baraja la posibilidad de replicar el DNU en diversos proyectos de ley para que sea tratado en el Congreso. De hecho, la senadora radical Carolina Losada replicó el DNU en una ley espejo.
Lo cierto es que la Comisión Bicameral deberá elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras dentro de 10 días, según establece la ley. Deberá expedirse sobre la validez o invalidez del DNU y sobre la procedencia formal y la adecuación a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio.
Los diputados y senadores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el DNU, no están previstas instancias de suspensiones, agregados o cualquier tipo de modificación a la norma, como pretende parte de la oposición, que preferiría no tener que pronunciarse sobre la totalidad del decreto, estando a favor o en contra de partes.
Fuente: tn
