«Estamos convencidos de que esta acusación no tiene ningún fundamento», remarcó Piñera. Seguido, y descrito que «después de una detenida lectura» del documento, concluyó en que «la acusación está basada en hechos falsos o mañosamente relatados o en simples conjeturas o posiciones que no cumplen las normas que regulan una acusación constitucional».
Según los sitios de Radio Cooperativa y el diario La Tercera, el presidente afirmó que «los hechos fueron analizados e investigados profundamente por la Fiscalía, por un Juzgado de Garantías, por la Corte de Apelaciones e incluso en un recurso de casación por la Corte Suprema” y agregó: “En forma unánime se decretó que no había ninguna irregularidad”.
Para el mandatario, la acusación «obedece a un clima enrarecido que se está viviendo en la política chilena y que los chilenos pudieron observar en esa larga noche en que se debatió y que tiene un claro e injustificado interés electoral«.
Se manifestó confiado en que el martes de la semana próxima el Senado, que debe actuar como jurado, “analizando de forma objetiva, racional y reflexiva los hechos, va a desechar totalmente esta acusación”.
Por su parte, el Senado debe limitarse a declarar si el acusado es o no culpable. Para ello, se necesita el voto de dos tercios de la Cámara, es decir, 29 de los 43 escaños. La oposición solo controla 24, por lo que debería lograr el respaldo de, al menos, cinco oficialistas. Si acaso Piñera fuera declarado culpable, sería destituido de su cargo y no podría desempeñar ningún cargo público por cinco años.
Desde el 8 de octubre, cuando se conoció la investigación periodística, la Fiscalía investiga si Piñera realizó u omitió gestiones en su calidad de público funcionario, que pudieron incidir en la tercera cláusula del contrato de compraventa firmado en Islas Vírgenes Británicas por la venta de la firma Dominga.
La acusación votada en Diputados le adjudica “haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”.
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