En declaraciones a una radio, Vanoli explicó además que la Comisión Nacional de Valores declaró «irregular e ineficaz» la asamblea ordinaria celebrada el viernes 15 por Siderar por «el desconocimiento del decreto y con la irregular forma de voto».
«La votación desconoció el Decreto de Necesidad y Urgencia, que es un decreto vigente» y además en la votación hubo una «doble manera de contar no está prevista en la ley que regula el funcionamiento de las empresas y de las asambleas y de los directorios, que es la ley de Sociedades Comerciales».
Consideró que la resistencia de algunas empresas al DNU es porque «les molesta que el Estado tenga la participación que les corresponde, y quizá, está circulando con cuestiones que combinan aspectos ideológicos propios del neoliberalismo que imperó en la Argentina durante 30 años hasta la crisis del 2001 y el cambio de paradigma en el 2003″.
Dijo que «también hay una defensa miope, quizá, de los intereses», y aclaró que «en ningún caso esto implica ningún avance sobre las empresas sino implica hacer lo que cualquier accionista minoritario quisiera hacer, que es poder tener información e injerencia en función del esfuerzo que hace día a día en la empresa».
Igualmente, señaló que «a nivel del empresariado hay distintos posicionamientos y distintas visiones; incluso antes de la vigencia del DNU muchos empresarios aceptaban voluntariamente que el Estado tenga sus directores, y muchos lo ven como una oportunidad de tener como socio al Estado, y eso implica beneficios importantes para muchas empresas, porque los incentivos del Estado es que a las empresas les vaya bien porque es el socio».
«Muchos (empresarios), ya sea por visión, yo diría profunda, o por especulación, se dan cuenta de que no es posible resistir algo así y que les conviene tener relaciones armoniosas con el Estado en beneficio de sus propias empresas», agregó.
Cuestionó la posición de «enfrentar una posición tan legal y tan legítima ante un Estado y un gobierno que se planta en el plano jurídico pero también en el plano político con mucha fuerza, con mucha fuerza y con toda la legalidad atrás».
A su vez confió en «la Justicia actúe como corresponde» porque «el Decreto de Necesidad y Urgencia es válido, es legal y es un mecanismo constitucional».
«Es tan razonable lo que se está pidiendo que creo que sería desatinado que en el plano judicial hubiera otra visión que la de rarificar no solamente la validez del decreto, que solamente podría ser anulado con el voto en contra de las dos Cámaras del Congreso, que yo creo que esto que pase es virtualmente imposible por el consenso que hay en las Cámaras y el consenso social que esto tiene», remarcó.
Por último, aseguró que «diversas encuestas que se han llevado a cabo daban que una abrumadora mayoría, casi un 80% de la población argentina, está de acuerdo con que el Estado haga valer sus derechos en las empresas en la proporción que corresponde».
Fuente: Infobae
