El juez Tuhami Hafi anunció al final de la tarde esas severas condenas a las que se suman multas equivalentes a 35 millones de dólares para Ben Alí y de 28 millones de dólares para su esposa. Por otra parte, el juez anunció el aplazamiento hasta el 30 de junio del juicio en otro caso, con el fin de permitir a los abogados designados de oficio preparar su defensa.
La acusación incluye cargos por homicidio voluntario, abuso de poder, complot contra la seguridad del Estado, malversación de fondos, blanqueo de dinero y hasta posesión de drogas, entre otros, por lo que Ben Alí pudo haber sido condenado a muerte.
Además de la jurisdicción civil, Ben Alí debe ser procesado ante un tribunal militar por 35 de los 93 delitos de los que se le acusa, según anunció el jefe del Gobierno provisional tunecino, Beji Kaid Essebsi.
Ben Alí ha rechazado todas las acusaciones, según un comunicado divulgado por uno de sus abogados en Beirut. El Presidente depuesto afirma que él nunca ha tenido en su poder las cantidades de dinero hallado en su residencia, que las armas son fusiles de caza que le regalaron jefes de Estado y que nunca ha usado o poseído estupefacientes.
Las protestas que llevaron a la caída de Ben Ali comenzaron el 17 de diciembre pasado, después de que el joven universitario Mohamed Buazizi se prendiese fuego en la localidad de Sidi Buzid para protestar contra el maltrato de las autoridades locales y la Policía.
Los tunecinos salieron rápidamente a las calles en un movimiento contestatario que se extendió hasta que se produjo la caída del régimen de Ben Alí y su fuga a Arabia Saudita.
La revuelta, calificada como la Revolución del jazmín, se saldó con la muerte de al menos 300 personas y fue ejemplo de protestas similares en otros países africanos y de Oriente Medio conocidas como la Primavera árabe
Fuente: Infobae
