El juez Daniel Rafecas suspendió los reclamos indemnizatorios de la empresa brasileña Odebrecht contra el Estado Nacional por los contratos caídos a raíz del escándalo de corrupción internacional.
La constructora, que reconoció ante la Justicia de Estados Unidos el pago de sobornos en nuestro país por 35 millones de dólares, reclama a Nación Fideicomisos S.A. un pago por la suma de US$ 45.281.205 dólares y $ 457.578.828. Ese dinero corresponde a la firma del contrato para la realización de obras dentro del marco del Plan de Ampliación de Gasoductos entre 200 y 2008.
A través de la Oficina Anticorrupción (OA), el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro, el Gobierno había pedido una media cautelar para frenar esos reclamos. Esa presentación consideraba que los reclamos económicos de la empresa deben ser puestos en pausa mientras continúen las investigaciones sobre la misma.
Este lunes, el juez Rafecas hizo lugar a una medida cautelar solicitada y ordenó al Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que suspenda el trámite de reclamos indemnizatorios.
El magistrado tuvo en cuenta que, tanto los reclamos económicos realizados por la Empresa como la intervención del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tienen su origen en las cláusulas de los contratos obtenido por Odebrecht a partir de actos de corrupción cometidos por distintos funcionarios del Estado.
En la resolución, publicada por el CIJ, Rafecas también hizo referencia al esquema trasnacional de pago de sobornos a distintos funcionarios públicos que se investigan en otros juzgados.
Actualmente, en la Argentina hay tres causas en las que se investiga a la constructora por sobornos para obtención de contratos licitados por el Estado. Estas son el Plan de Ampliación de Gasoductos, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y un contrato con Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA).
En la primera, el juez Daniel Rafecas dictó el procesamiento del ex ministro Julio De Vido y algunos de sus subordinados, alegando que habían creado un sistema normativo para favorecer a Odebrecht en la licitación del contrato de ampliación de los gasoductos TGS y TGN.
