El CTVP o Certificado de Tránsito Vehicular Portuario comenzó a operar en el año 2009 por un acuerdo entre las terminales del Puerto Buenos Aires y la firma IVETRA SA con el objetivo de ordenar el tráfico portuario. La implementación del certificado CTVP generó, en aquella época, gran malestar entre los operadores del comercio exterior por el encarecimiento de la cadena logística y la falta de regulación del estado.
Desde su creación, y bajo el pretexto de eliminar el caos que el tráfico de camiones originaba en la zona portuaria y adyacencias, se montó un gigantesco negocio de apariencia lícita, ya que contó con una resolución de la cartera de Planificación Federal que le dio legalidad, pero que en la práctica no solo no mejoró en nada la operatoria portuaria, sino que fue objeto de numerosas quejas e impugnaciones por parte de los usuarios del sistema portuario local.
La empresa IVETRA SA, ligada al sindicato de camioneros bajo la conducción de Hugo Moyano, a partir de un vía libre dado por el entonces Ministro de Planificación Federal, el hoy detenido Julio De Vido, resultó adjudicataria de un extenso predio en la zona portuaria en el cual, mediante el pago de un suculento canon, los camiones que operan en la carga y descarga de contenedores en las distintas terminales aguardaban sus respectivos turnos para acercarse a los muelles.
Si bien posteriormente el líder camionero se desprendió de su participación en la empresa IVETRA, las operaciones continuaron a un costo de USD 16,46 más IVA, que debían abonarse por cada camión que entraba o salía de la zona portuaria para cargar o descargar.
A este importe también había que adicionarle un seguro obligatorio «provisto» por el sindicato, que cubría eventuales daños a los contenedores en su proceso de llegada o salida del buque y mientras estuvieran a bordo de cada camión.
Desde el recambio de autoridades, y a pesar de medidas cautelares en contrario, la Administración General de Puertos (AGP) eliminó la obligatoriedad de este seguro pero no fue hasta ahora que pudo desprenderse definitivamente del concesionario de «ordenamiento portuario» impuesto por el ex ministro.
A partir de esto, el predio y la emisión del certificado de uso del sistema pasan a manos de Puerto Buenos Aires con una gran reducción en el costo por operación y la elaboración de un plan de trabajo para mejorar el servicio en el corto plazo. Las terminales portuarias serán la que cobren los aranceles respectivos, que bajarán a aproximadamente USD 10 por operación.
«Sabemos que nuestro puerto es uno de los más caros de la región y estamos trabajando fuertemente para revertir esta situación. Hoy ya logramos bajar costos de migraciones, tarifas del puerto, servicio de las terminales, entre otros. Y con el Plan de Modernización vamos a terminar de consolidar la competitividad del puerto federal», expresó Gonzalo Mórtola, interventor del Puerto de Buenos Aires, en un comunicado.
Éxitos y fracasos en la lucha por la mejora de la competitividad. La noticia supone un verdadero éxito luego del fallido que cometiera la gestión de Guillermo Dietrich al inducir al presidente Macri a responsabilizar a los prácticos de puertos y canales como responsables del valor de los fletes que pagan exportadores e importadores. Fueron los propios empresarios navieros quienes, en sintonía con los gremios, le aclararon al ministro que las tarifas de fletes se fijan de acuerdo a variables en las que el costo de ese servicio no tiene incidencia.
El anuncio dado a conocer por la AGP se da pocas horas antes de que un grupo de expertos convocados por una oficina dependiente de la ONU presente un informe preliminar sobre diversos aspectos de la actividad marítima nacional que encendieron luces de alarma en el organismo internacional.
