La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el impulso de una ley de amnistía general y ordenó a la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, que procese y apruebe la iniciativa con el objetivo de “favorecer la convivencia” en el país caribeño. El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según reveló el diario español El País.
“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, afirmó Rodríguez, quien pidió además que “nadie imponga la violencia o la venganza” y llamó a vivir “con respeto”. La funcionaria señaló que la decisión había sido discutida previamente con Nicolás Maduro, antes del 3 de enero, fecha en la que fue capturado por fuerzas militares estadounidenses.
La iniciativa se da en un contexto de presión internacional, particularmente del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha condicionado avances en la relación bilateral a la liberación de detenidos por motivos políticos y ha asegurado tener un “control total” sobre las operaciones de crudo venezolano.
En una comparecencia ante el Senado de EE.UU., el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la liberación de presos políticos forma parte del proceso de “transición” en Venezuela y reconoció avances, aunque más lentos de lo esperado.
Según Rodríguez, la ley podría ser aprobada en la primera semana de febrero y beneficiaría inicialmente a personas detenidas por razones políticas. No obstante, persisten interrogantes sobre el alcance real de la normativa y su impacto en la represión denunciada por organismos internacionales. La mandataria adelantó que la amnistía excluiría a condenados por homicidio, narcotráfico y delitos comunes.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, junto al presidente Donald Trump en la rueda de prensa sobre la captura de Nicolás Maduro (Foto: Jonathan Ernst/REUTERS)
Desde el pasado 8 de enero se desarrolla un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Las cifras, sin embargo, son dispares: el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó de 808 excarcelaciones desde diciembre; el fiscal general, Tarek William Saab, habló de 643 medidas cautelares; mientras que organizaciones de derechos humanos contabilizaron 302 liberaciones.
En muchos casos, los excarcelados mantienen restricciones como prohibiciones de declarar a la prensa, usar redes sociales o presentaciones periódicas ante tribunales.
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó el 27 de enero un proyecto alternativo de amnistía con 12 artículos que propone libertad plena, garantías de no repetición y mecanismos de reparación. Paralelamente, familiares de detenidos mantienen vigilias frente a centros de reclusión exigiendo liberaciones sin condiciones.
No existen precedentes recientes de una amnistía de este tipo en Venezuela. En 2020, el entonces presidente Nicolás Maduro otorgó un indulto a 110 personas, una medida que fue cuestionada por ONG por incluir casos no vinculados a detenciones políticas.
Según la ONG Foro Penal, desde 2014 se registraron 18.824 detenciones por motivos políticos, más de 14.000 excarcelaciones y más de 11.000 personas aún sometidas a medidas restrictivas.
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