La detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de un alcalde opositor más marcó este jueves la jornada política en una Venezuela expectante ante la nueva ronda de negociación entre Gobierno y oposición que se celebrará mañana y el sábado en República Dominicana.
Según informó el partido opositor Voluntad Popular (VP), agentes del Sebin arrestaron este jueves a Luis Daniel Cabeza, que es edil del municipio Bolívar del estado Sucre del noreste del país y pertenece a la mencionada formación, de la que es fundador y líder Leopoldo López, que sigue en arresto domiciliario tras más de 3 años preso.
«Nuevamente reaparecen las detenciones arbitrarias por parte de la dictadura», escribió en su cuenta de Twitter la diputada Gaby Arellano, que también es militante del partido de López. La detención fue confirmada por otros dirigentes de este partido miembro de la Internacional Socialista (IS).
Cabeza -cuya aprehensión ha sido denunciada también por otros dirigentes de VP- pasa a engrosar la lista de alcaldes opositores encarcelados o huidos del país tras adoptar las autoridades acciones contra ellos.
Entre quienes escaparon de Venezuela están el que fuera alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que se fugó del país tras burlar su arresto domiciliario después de más de mil días privado de libertad por delitos de «asociación para delinquir» y «conspiración» por los que nunca fue juzgado.
En esta lista de evadidos están también el edil del municipio caraqueño de El Hatillo, David Smolansky; su homólogo del también capitalino municipio de Chacao Ramón Muchacho y el primer edil del municipio Diego Bautista Urbaneja (estado Anzoátegui), Gustavo Marcano, perseguidos todos ellos por no impedir las protestas en su jurisdicción.
Por el mismo motivo están presos bajo custodia del Sebin ediles como Daniel Ceballos (San Cristóbal) o Alfredo Ramos (Iribarren, estado Lara).
Mientras tanto, alrededor de 40 familiares de quienes son considerados presos políticos por la oposición, por grupos de derechos humanos y por buena parte de la comunidad internacional, se mostraron esperanzados en que el proceso de diálogo que comienza oficialmente mañana lleve a la liberación de estos encarcelados.
«Pensamos que con el acompañamiento internacional, con la metodología y con los instrumentos que han sido validados para este proceso de negociación, se puede abrir una puerta para lograr la libertad de todos los presos políticos con el ejercicio pleno de sus derechos», dicen en una nota difundida este jueves.
Estas nuevas conversaciones en Santo Domingo -en las que participan VP y los otros tres partidos con mayor representación parlamentaria de la oposición- cuentan con la participación como «garantes» los cancilleres de seis países de la región.
Tres de ellos han sido elegidos por el Gobierno (Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas) y otros tres por la oposición (Chile, México y Paraguay, aunque el canciller de este último país no estará en estos primeros encuentros al tener compromisos en casa).
Los familiares de presos que han firmado el documento confían en que la negociación permita a sus seres queridos salir a la calle, ya que bajo «las condiciones actuales los presos políticos no serán liberados por un juicio imparcial».
En su comunicado (difundido por VP), los signatarios han reiterado su exigencia de que se libere a «todos los presos políticos de Venezuela», y han denunciado que «no existe Estado de Derecho» en el país, donde el Gobierno está llevando a cabo, según dijeron, una «persecución política para silenciar a los que piensan diferente».
Los partidos de oposición que -bajo el paraguas de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- acuden al diálogo de Dominicana tienen entre sus demandas prioritarias al Gobierno la liberación de los «presos políticos» y la apertura de un canal humanitario.
La restitución de los poderes del Parlamento, despojado de sus atribuciones tras la victoria de la MUD en las legislativas de diciembre de 2015, y la renovación de un Consejo Electoral al que acusan de manipular elecciones a favor del Gobierno son las otras dos exigencias centrales de la oposición.
La MUD busca este cambio en la autoridad electoral para concurrir con garantías a las elecciones presidenciales que deben celebrarse en 2018.
En la jornada, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) también aprobó el presupuesto fiscal del año 2018 por 36 billones de bolívares, más de 10.000 millones de dólares, según la tasa oficial de cambio más alta que se ubica en 3.345 bolívares por dólar.
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