Una docena de disparos en la madrugada se convirtieron este domingo en la última y más grave amenaza hacia un cura rosarino que hace semanas había vuelto a denunciar la actividad de bandas narcocriminales en la zona donde también funciona un colegio que resultó dañado por el ataque de los delincuentes.
Las consecuencias del atentado fueron confirmadas por la tarde a través de voceros de la Fiscalía Regional de Rosario. Siete proyectiles dieron contra la fachada de la iglesia y otros cinco alcanzaron la puerta de la escuela Paulo VI, ubicada al otro lado de la calle en México al 1100 bis. El párroco Juan Pablo Núñez no dudó en atribuir la balacera a las organizaciones que venden droga en barrio Larrea, aunque oficialmente sólo trascendió que había líneas concretas de investigación para dar con los autores del hecho.
Si bien no es la primera vez que el religioso intenta visibilizar el problema que sufren los alumnos y vecinos del lugar, el episodio expuso la preocupación ante la falta de respuestas después de una reunión con funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Lejos de encontrar alguna medida para paliar la situación, el sacerdote empezó a recibir amenazas verbales en la calle y finalmente la cuestión escaló tal como le habían advertido.
De acuerdo a fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los agresores pasaron frente a la parroquia María Reina alrededor de las 3 de la mañana y abrieron fuego hacia ambos lados de la calle. Si bien se estableció que se trata de dos personas, las mismas no habían sido identificadas hasta el momento. La Policía de Investigaciones (PDI) recogió 12 vainas servidas de calibre 9 milímetros en el lugar junto con plomos deformados que serán peritados como parte de la pesquisa. El padre Juan remarcó que una de los balas que ingresó al templo dio en el altar.
A pesar de que sólo habían pasado algunas horas desde que el tiroteo, la magnitud del hecho quedó de manifiesto ante la confirmación de que el caso quedó en manos del Equipo de Investigación de Gravedad Institucional. El grupo de fiscales y funcionarios es el mismo que está a cargo de las causas por atentados contra el Poder Judicial en los meses previos al debate en Cámara de Apelaciones sobre el fallo del primer juicio a “Los Monos”.
Lucas Aranda/Clarín
