Un grupo de 15 diputados nacionales de distintos partidos, incluido el Frente para la Victoria, le reclamaron este martes por la noche al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que intervengapara la liberación de la dirigente social y diputada por el Parlasur Milagro Sala.
Luego del encuentro, el Gobernador aseguró que recibió denuncias de vecinos de Alto Comedero – un barrio insignia de la organización Tupac Amaru – que aseguran haber sido agredidos y desalojados por no apoyar las movilizaciones para exigir la liberación de Sala.
«La gente quiere reglas, quiere trabajar. Este es el trasfondo de la situación. Hay violencia cuando hay corrupción. Violencia explícita. Le dije a los legisladores, que la señora que está presa no puede dar órdenes para sacar gente de sus casas», indicó el Gobernador.
Pasadas las 21.15 de ayer, el mandatario recibió en la Casa de Gobierno Provincial a la delegación integrada por Edgardo De Petri, Horacio Pietragalla, Julia Perié, Leonardo Grosso, Miguel Funes y Patricio Del Corro, entre otros legisladores nacionales y del Parlasur.
Al término del encuentro, que se extendió por unos 40 minutos, los legisladores, improvisaron una conferencia en la Plaza Belgrano, donde informaron que el CELS presentó una medida cautelar ante corte de derechos humanos por la libertad de la dirigente social.
Durante la reunión, los diputados le pidieron a Morales que intervenga para que liberen a la dirigente social y le exigieron que «respete a las instituciones», al recordar que Sala es diputada electa por el Parlaur.
Sin embargo, dijeron, el gobernador «no tomo ningún compromiso» ante los reclamos.
La denuncia contra Sala
Según la denuncia por la que fue detenida, a la que tuvo acceso Infobae, la dirigente kirchnerista es sindicada como «jefa» de una organización constituida por cooperativas que se apropió de$1.634.444,21 que iban a utilizarse para obras y que no fueron ejecutadas.
La denuncia involucra además a los titulares de 13 cooperativas, así como al ex vocal social del Instituto de la Vivienda, Pablo Tolosa y al ex presidente de ese organismo Lucio Abregú. Ambos funcionarios respondían al ex gobernador Eduardo Fellner y encabezaban la institución encargada de la política habitacional de Jujuy.
El escrito lleva las firmas del fiscal de Estado, Mariano Miranda, la procuradora general provincial, Josefa Herrera y el actual presidente del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Walter Morales.
El planteo judicial apunta a una serie de maniobras realizadas entre enero y mayo del año pasado, en la que participaron doce cooperativistas y ex funcionarios provinciales del Instituto de la Vivienda. Allí, se detectaron irregularidades en 30 convenios suscritos con entidades vinculadas a la Tupac Amaru, que tenían el objetivo de poner en pie soluciones habitacionales y mejoras de infraestructura social.
En los expedientes bajo sos pecha no se registró que las obras comprometidas se hayan edificado ni tampoco consta dónde habrían sido construidas. Allí, se establecían dos pagos de entre 63 y 56 mil pesos por cada proyecto, cuyo destino se desconoce.
