Ricardo Raúl Jaime fue secretario de Transporte de la Nación durante 1657 de los 1660 días que gobernó Néstor Kirchner. En el mandato de Cristina Fernández de Kirchner decidió –igual que antes– los destinos de los millones y los negocios del área de transporte por 569 días.
Lo echaron en julio de 2009, luego de la derrota electoral del kirchnerismo y un mes después de que se conociera por los medios que usaba como propio un avión privado valuado en cuatro millones de dólares.
En 2009 el ex Fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, hoy diputado nacional, lo había denunciado por haber recibido dádivas (coimas) de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que explotaba el ferrocarril Sarmiento y tenía otros negocios que debían ser controlados por Jaime. Se comprobó que TBA le pagaba a Jaime viajes en aviones privados para que el entonces funcionario fuera a descansar los fines de semana largos. La empresa bajo control de Jaime lo invitaba a volar con familiares y amigos.
En 2010 se reveló periodísticamente que el alquiler del departamento donde vivía Jaime mientras era funcionario público, era pagado por la empresa Terminales de Buenos Aires (TEBA). A esa compañía, Jaime le extendió desde 2006 a 2015 el contrato de explotación de la Terminal de Retiro, a un precio menor que el que pagaba hasta entonces.
Por esas dos investigaciones judiciales donde se comprobó la corrupción, Jaime debía ir a único juicio oral y público. Hace 13 días firmó un acuerdo con el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, por el que admitió el haber recibido dádivas en ambos hechos y acordó una pena de un año y medio de prisión en suspenso- unificada con una condena anterior.
Jaime se convirtió así en el primer coimero confeso del kirchnerismo.Y por eso fue condenado: el juez Julián Ercolini homologó hoy el acuerdo propuesto por el fiscal y dejó establecida la pena. El ex funcionario y hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner se comprometió también a aceptar el decomiso de 2.000.000 de pesos que según la propuesta hecha ante el fiscal serían destinados a dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Ercolini también condenó a Jaime a no poder ejercer la función pública durante dos años.
También fue condenado por el caso de los taxis aéreos Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y testaferro del ex funcionario, quien pagó (sin tener ingresos comprobados) alguno de esos vuelos. Como Vázquez ya había sido condenado por estafador, pactó un juicio abreviado y la pena unficada llegó a dos años y dos meses. Además le decomisarán 346.427,50 pesos. El dinero que se les decomisa es equivalente al que Jaime recibió por los viajes y los alquileres y al que Vázquez pagó para hacer feliz a su jefe con dinero obtenido de manera ilegal.
Por el caso de los aviones debía ser juzgado también el dueño de TBA Claudio Cirigliano. Acordó una probation con el fiscal. Se comprometió a pagar 150.000 pesos de reparación y a entregar otros 300.000 pesos. No fue condenado ni tuvo que admitir su participación en el hecho investigado. Ercolini ratificó también la probation aunque no estableció aún si acepta los términos ofrecidos por los imputados.
El hijo de Vázquez, Julián, involucrado también en el pago de un viaje, fue beneficiado con una probation: propuso realizar tareas comunitarias y devolver 30.000 pesos.
Jorge Molina fue acusado de haberle entregado a Jaime un pasaje de cortesía en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Molina, quien siempre negó el hecho, era director de Relaciones Institucionales de la compañía aérea durante la gestión de Marsans. El fiscal había pedido su sobreseimiento que fue confirmado por el juez Ercolini.
Por el caso del pago del alquiler llegaron a juicio Néstor Otero, dueño de TEBA y tres integrantes del cuerpo gerencial de la compañía. Otero fue beneficiado con una probation. Ante el fiscal se comprometió a pagar una cifra cercana a los 760.000 pesos a un comedor comunitario de la Villa 31 y además 25.000 pesos destinados a la compra de alimentos para los inundados de Luján. Otero, hombre de vínculos con el poder, deberá realizar tareas comunitarias. Ercolini ratificó la probation aunque no definió aún los términos.
Los tres gerentes de TEBA, que fueron quienes aparecían como garantes de Jaime en los contratos de alquiler (uno de ellos no está más en la empresa) se comprometieron a realizar tareas comunitarias y deberán pagar a diferentes ONG. Alfredo Pielach tendrá que pagar 100.000 pesos. Edgardo Preiti 70.000 pesos y Gabriel Akerman 6.000 pesos.
Con la firma de Ercolini quedó sellado uno de los tantos casos de corrupción en los que está involucrado Jaime. Tiene unas quince causas abiertas que revelan el modo arbitrario y oscuro con el que manejó la secretaría de Transporte y los millones que circulaban por allí.
Jaime está procesado por enriquecimiento ilícito e investigado por sospechas de coimas tanto aquí como en Estados Unidos por la compra de aviones Embraer para Aerolíneas Argentinas. Y, por ejemplo, espera un juicio oral y público por una defraudación en el ferrocarril Belgrano Cargas.
Uno de los casos por los que está enjuiciado es el de la Tragedia de Once. El fiscal del juicio, Fernando Arrigo pidió para Jaime una condena de 11 años de prisión. En virtud de las dos condenas anteriores en su contra (la segunda por coimero) si el Tribunal Oral Federal 2 lo hallara culpable en el juicio por el choque del tren que terminó con 51 muertos y más de 700 heridos, Jaime deberá cumplir su pena en prisión, algo muy extraño en la Argentina, donde muy pocos corruptos son descubiertos, y mucho menos encarcelados.
